Tras el trágico asesinato de un profesor en el Instituto Joan Fuster de Barcelona, suceso que ha conmovido a toda la comunidad educativa, los tertulianos de siempre no han tardado mucho en hipotetizar sin apenas información en torno a las causas que han provocado este acto violento. Divagaciones que han pasado desde el ya manido debate en torno al impacto que tienen los videojuegos (buscando una causa única que lo explique todo), pasando por el énfasis hecho en torno a la inimputabilidad del agresor (una vez más el deseo de venganza entra en juego), con el único objetivo de encontrar detrás de ese niño de 13 años alguna clase de demonio que merezca la horca.
No voy a entrar nuevamente a criticar el tratamiento de los medios a este tipo de sucesos, pero sí me centraré en algo en lo que creo que sí se debe incidir: que el profesorado se siente desprotegido ante este tipo de situaciones.
El último informe que presentó ANPE-El defensor del Profesor sirve como un pequeño indicador de las problemáticas más comunes que se encuentran los docentes en la actualidad. En dicho informe, correspondiente al curso 2013-2014, se recogían estadísticas de los más de 3000 profesores que se dirigieron a dicha asociación para pedir ayuda por una u otra razón. Son datos que no reflejan ni mucho menos la totalidad de los casos de docentes que pueden haberse encontrado con problemas en sus aulas, pero nos dicen mucho sobre cuáles son las preocupaciones del profesorado.
Por ejemplo, nos dice que el 28% de estos docentes denuncian haber sufrido acoso y amenazas por parte de los padres. Igual que nos dice un 27% que afirma que se les falta al respecto. También resulta alarmante que un 16% de ellos afirme haber sufrido acoso y amenazas de alumnos, y que un 14% haya recibido insultos de los mismos. El 7% de esos más de 3000 profesores que se pusieron en contacto con El defensor del Profesor también denunciaron agresiones de alumnos.
El problema de las cifras anteriores es que no existen medidas ni propuestas claras para paliar y aminorar el riesgo de sufrir algún tipo de violencia, ya sea física o psíquica, por parte del profesorado. Es preocupante ver que cerca de un 10% de los profesores que contactaron con ANPE se plantearan abandonar su carrera docente, y también es preocupante que un 24% manifiesten una ausencia de respaldo por parte de la dirección del centro escolar, del mismo modo que un 14% manifiestan también desatención por parte de la administración pública. Algo falla cuando el docente se siente desprotegido, y que se refleja cuando vemos que el 57% de esos más de 3000 profesores manifestaron problemas de ansiedad, y un 17% depresión durante el último curso.
La saturación de las aulas sufrida a raíz de la crisis es un precipitador más que dificulta la labor del profesorado, que se siente prácticamente incapaz de abordar a aquellos alumnos con necesidades especiales. Esta imposibilidad de mantener una docencia lo más individualizada posible tiene sus riesgos a modo de dificultad para controlar las aulas, así como para detectar y prevenir posibles conflictos que se puedan generar. También hay que tener en cuenta que el profesorado no ha sido formado para saber responder eficazmente a la violencia del alumnado, pues tarea suficientemente ambiciosa tienen con educar.
Es fundamental escuchar las demandas del profesorado, porque ellos más que nadie saben de la cantidad de problemas que deben paliar. El mejor modo de que se sientan apoyados es que haya personal especializado para ayudar a resolver ciertas problemáticas que no pueda solucionar el docente por sí solo, y que sirven no solo para prevenir el riesgo de violencia en las aulas sino para que el docente pueda dar clases con garantías, algo que un 25% de los que contactaron con El defensor del profesorado manifestaron como un grave problema.
Así que por favor, no nos centremos tanto en la imposibilidad de castigar al agresor, sino en las medidas que se pueden llevar a cabo para conseguir que los docentes estén debidamente protegidos.
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