La política criminal española de las últimas dos décadas se ha caracterizado por un incremento continuo de las penas y por la criminalización de nuevas conductas. Es decir, por el populismo punitivo, ese tipo de política criminal en el que los gobernantes reforman el Código Penal cada poco tiempo para obtener beneficios electorales. Además de un error de cálculo, porque los ciudadanos españoles en realidad no apoyan mayoritariamente estas política de mano dura, esta forma de legislar en materia penal está produciendo un continuo incremento de la población penitenciaria en nuestro país. España es uno de los países con una menor tasa de criminalidad de Europa y es de los que tiene en prisión a un mayor porcentaje de la población. Pero el populismo punitivo no es un invento nuestro, sino una tendencia que se ha extendido de Estados Unidos a Europa y América Latina desde los años ochenta.
Sin embargo, hay diferencias entre unos países y otros. Por ejemplo, nosotros nos acercamos peligrosamente al modelo estadounidense de encarcelamiento masivo, de la mano de la reforma del Código Penal que planea el gobierno. Y mientras tanto, en Francia la ministra de Justicia, Christiane Taubira, se está empeñando en defender una reforma penal progresista. Una de las principales medidas prevista es la eliminación de las penas mínimas aprobadas durante el gobierno ultraconservador de Nicolas Sarkozy, que impedían a los jueces imponer condenas inferiores a cierto límite establecido por ley. Además, el proyecto prevé extender la suspensión de pena de prisión a todas las condenas que no superen los cinco años, sustituyendo la privación de libertad por una serie de obligaciones definidas por el juez. Es decir, justo lo contrario que el gobierno español, que entre otras modificaciones legislativas de carácter fuertemente represivo, pretende introducir la cadena perpetua en nuestro ordenamiento jurídico.
El proyecto de ley de reforma penal francés se enfrenta a fuertes obstáculos que hacen temer que no llegue a entrar en vigor, o que lo haga de forma muy descafeinada. En primer lugar, el estado de la opinión pública francesa, con un porcentaje creciente de la población proclive a posturas de extrema derecha, poco compatibles con una reforma penal progresista. Basta referirse a las masivas manifestaciones contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la creciente intención de voto del partido ultraderechista Frente Nacional o la extensión del discurso xenófobo incluso dentro del gobierno del Partido Socialista, cuyo popular ministro del Interior llegó a declarar que « los gitanos tienen vocación de volver a Rumania y Bulgaria».
Un segundo problema al que puede enfrentarse Taubira es la debilidad del gobierno y de su presidente, François Hollande, tremendamente impopular. La prueba es que ya ha aceptado posponer el inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley hasta principios de abril, tras las elecciones municipales. Esta decisión se explica por el temor de que el debate sobre la polémica norma empeore los resultados electorales del Partido Socialista, que ya parte de una mala posición en las encuestas.
Si la ministra Taubira consigue que el parlamento apruebe su ley en este contexto tan desfavorable, nos dará un buen ejemplo de valentía política y nos reforzará en el convencimiento de que una política criminal distinta al populismo punitivo es posible en Europa. Si fracasa, tendremos que preocuparnos aun más de la deriva ultraderechista de la sociedad francesa y de la miopía del gobierno de François Hollande, que sigue aplicando recortes sociales que no hacen más que agravar la crisis económica y alimentar el descontento social que necesita el Frente Nacional para seguir atrayendo a los franceses a su proyecto ultraderechista.
Posted: 07 Mar 2014
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