Lograr una sanción individualizada para los jóvenes que han cometido su primer delito, conseguir que participen activamente en la resolución del caso y prestar un servicio en favor de la comunidad en la que viven son los tres grandes objetivos que persiguen los Tribunales de Adolescentes, o Teen Courts, de los Estados Unidos. A ciencia cierta no se sabe cuál fue el primer programa que sirvió de base a los demás, pero la National Association of Youth Courts (NAYC) –una federación que reúne a las ONG que gestionan estos planes en 18 Estados de la Unión– considera que pudieron ser el Youth court que comenzó a trabajar en Horseheads (Nueva York) en 1968, o el Youth jury, de Naperville (Íllinois), de 1972.
Lo cierto es que, desde entonces, estos programas voluntarios de justicia restaurativa –que reciben diversas denominaciones: Youth courts, Student courts o Peer courts– se fueron extendiendo por todo el país desde finales del siglo XX y, actualmente, hay más de mil programas activos funcionando en 49 Estados, además del Distrito de Columbia, para que los propios jóvenes de su localidad sean los que juzguen a los adolescentes que hayan delinquido por primera vez (generalmente, por asuntos de robos, vandalismo, consumo de alcohol, alteración del orden público, posesión de drogas o siniestros relacionados con el tráfico). De este modo tan singular, los menores que accedan a estos planes tendrán que rendir cuentas ante otras personas de su misma edad, que les harán comprender que su conducta fue contraria a las leyes.
El 93 por 100 de estos planes voluntarios exige que los delincuentes asuman y reconozcan su culpabilidad para poder participar en un Teen court; no obstante, si el joven insistiera en declararse “no culpable”, también se prevé la celebración de una vista previa para determinar, en primer lugar, su inocencia o culpabilidad, antes de impartir justicia resolviendo el conflicto de fondo.
Prácticamente la totalidad de sus resoluciones se decantan por condenar al joven a realizar algún tipo de servicio en favor de la comunidad, pero también se puede solucionar el conflicto pidiendo disculpas a la víctima, de palabra o por escrito; asistiendo a talleres, cursos de formación o programas de desintoxicación, según el caso; dando charlas a otros jóvenes para que no incurran en las mismas conductas, visitando prisiones para comprender las consecuencias que conlleva incumplir la Ley o, en el caso de las infracciones contra la seguridad vial, retirándoles el carné de conducir.
Más de la mitad de los jóvenes que han participado como acusados en estos innovadores programas acaban convirtiéndose después en jueces de otros menores delincuentes; y ponerlo en marcha cuesta de media tan solo 32.767 dólares anuales.
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