Artigo: Sobre los trabajos del comité permanente de américa latina para la revisión y actualización de las reglas mínimas de naciones unidas para el tratamiento de los reclusos

Con la satisfacción de haber realizado una labor que tuvo como fundamento la refle xión científica y la apertura a las opiniones de actores de todos los ámbitos en el contexto latinoamericano, logró el Comité Permanente de América Latina para la Revisión y Actualización de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos consensuar un documento que se pretende sea útil en función de dar un paso importante en el camino hacia una mayor humanización en lo concerniente a los derechos de las personas penalmente privadas de libertad.

Si bien las Reglas Mínimas actuales fueron un avance de mucha importancia, lo cierto es que es necesario pensar ahora, luego de más de medio siglo de su adopción, en la forma de seguir adelante en el logro de nuevos instrumentos y herramientas para la consolidación de los más recientes enfoques sobre esta temática, que tienden, en gran medida, a la ubicación de la dignidad humana como el concepto central en la relación entre el Estado y las personas sujetas a su poder punitivo.

A través de estas más de cinco décadas, han sido múltiples los avances que hacen necesario plantearse la posibilidad de nuevos enfoques en la materia.

En primer término, si se analizan con detenimiento las actuales Reglas, es fácil darse cuenta de que parten de una visión totalmente terapéutica, lo cual se comprueba sin dificultad con el solo repaso de la terminología empleada, que hace referencia constante al uso, por ejemplo, de medios curativos o de educación moral, que dejan clara la perspectiva rehabilitadora del instrumento, enfoque que ahora proponemos sea sustituido por uno que tienda, más que nada, a reducir los efectos del encierro y a dotar a la persona presa, de capacidades que, luego de su salida del medio carcelario, le faciliten la reinserción en la sociedad.

Tal cosa tiene una relación directa con el énfasis que en nuestras propuestas se da en lo tocante al tema de la dignidad humana como concepto clave en el accionar del sistema penitenciario, tal y como mencionábamos líneas atrás.

Así, en general, el abordaje desde la perspectiva de la rehabilitación se ve sustituido por uno de la reinserción en la sociedad, y ello con la dignidad humana como componente central, lo que potencia a la persona humana como referente último de cualquier actuación por parte de la administración penitenciaria.

Mas, a la vez que se da ese giro tan importante, se ocupó el Comité de incorporar a la discusión una serie de temas de gran trascendencia que merecían la atención del grupo de expertos; así, se puso énfasis en la necesidad de reforzar la perspectiva de género; en efecto, las especiales necesidades de las mujeres privadas de libertad y la especificidad de sus derechos, hicieron que nos interesáramos por dar relevancia a esta temática.

Con el afán de impulsar una perspectiva de la diversidad y de la tolerancia, se preocupó el Comité por reforzar un enfoque que potenciara los derechos de las minorías y de los grupos que normalmente pueden ser –y son, en efecto– objeto de discriminación y malos tratos: personas pertenecientes a los pueblos originarios, personas con algún tipo de discapacidad, personas con enfermedades terminales, personas con orientación sexual o identidad de género diversas, etc.

Al mismo tiempo, en lo atinente al buen orden, se propone reforzar de todas las maneras posibles lo que concierne al debido proceso en materia disciplinaria; igualmente, se potencian los derechos de información y queja de las personas penalmente privadas de libertad.  El Comité ha querido incorporar a la discusión los avances más importantes de la Criminología contemporánea y, por ejemplo, en este tema de lo disciplinario y de los conflictos de las personas penalmente privadas de libertad con la administración penitenciaria, se ha hecho énfasis en la importancia de dar espacio a la perspectiva restaurativa, con lo cual se incorporaría al espacio carcelario una herramienta inexistente –al menos tal y como la conocemos hoy– en el momento en que se adoptaron las actuales Reglas.

Estas propuestas, entre muchas otras, partieron, además, de una postura minimalista y garantista, lo cual hizo que llamáramos la atención respecto de la necesidad de que el sistema penal, en general, potencie el uso de mecanismos de diversión (o desjudicialización), especialmente de penas no privativas de libertad cuando ello sea factible, a la vez que se haga uso lo menos posible de la prisión preventiva.

Solo partiendo de una perspectiva tal se puede poner en marcha un Derecho Penal basado en la tolerancia y más democrático, lo que debería ser, a final de cuentas, uno de los objetivos principales de todo sistema que se precie de pluralista, y que tenga como ideal el abandono de todo tipo de autoritarismo.  Brasil ha demostrado en los últimos tiempos su vocación por buscar el logro de una sociedad más justa y democrática, liderazgo que también en los trabajos del Comité se ha visto reflejado, junto al apoyo encomiable de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y la de todos los expertos que participaron de este bello proceso.

Douglas Durán-Chavarría, Relator del Comité Permanente de América Latina para la Revisión y Actualización de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; Experto del ILANUD.

Boletim IBCCRIM nº 208 - Março / 2010.