Se reglamentó en el Reino Unido una iniciativa del Ministerio de Justicia que prohíbe el envío de libros a los detenidos en las cárceles de Inglaterra y Gales. Campaña de oposición de escritores y organismos de derechos humanos y posible demanda legal contra el ministro Chris Grayling.
El proyecto del ministro de Justicia Chris Grayling venía discutiéndose desde inicios del 2013 pero fue reglamentado en el mes de noviembre. La polémica iniciativa oficial conocida como “Prision book ban”, que hoy enfrenta una furibunda campaña en contra de escritores y organismos de derechos humanos, en realidad no sólo prohíbe el envío de libros a las cárceles sino de paquetes de todo tipo para los detenidos, a excepción de medicinas.
Grayling intentó justifica las medida argumentando que es parte de un programa de premios y castigos para las cárceles, mediante el cual los prisioneros con buena conducta podrán obtener dinero y comprar las cosas que necesiten en las mismas instalaciones penitenciarias. A lo que, con el correr de los días y del repudio a la medida, intentó sumar argumentos relacionados con la “imposibilidad logística” de revisar todos y cada uno de los paquetes que se envían a los detenidos.
Sin embargo, la campaña de oposición a la medida no ha dejado de crecer y de hacer ruido en el Reino Unido. El pasado viernes 27 de marzo se publicó una carta abierta en el Daily Telegraph pidiéndole al ministro que revea la cuestionada reglamentación.
La breve carta de Frances Crook, jefe ejecutivo de la Liga Howard para la Reforma Penal, que cuenta con las firmas al pie de más de 80 prominentes escritores británicos (entre los que se encuentran nombres como los de Julian Barnes, Irvin Welsh, Salman Rushdie, Alan Bennett o Mark Haddon), plantea que si bien entienden “que las cárceles deben ser capaces de aplicar incentivos para recompensar la buena conducta de los presos”, sin embargo “no creemos que la educación y la lectura deban formar parte de esa política”.
Los escritores se manifiestan “muy preocupados” por esta normativa ya que “los libros representan una línea de vida tras las rejas, una forma de estimular la mente y llenar las numerosas horas que los presos pasan encerrados en sus celdas”.
Asimismo, diversos organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados cuestionaron la iniciativa oficial por considerarla no sólo irracional sino también opuesta a derecho. El abogado de derechos humanos Geoffrey Robertson denunció que la reglamentación “no tiene nada que ver con la ley ni con ningún otro propósito legítimo” y que su único propósito es el de infligir a los prisioneros un castigo adicional (con lo que además se estaría violando el Acta de Derechos Civiles de 1688). Y agrega Roberson “Negarles los libros que necesitan para su mejoramiento personal es tan irracional como contraproducente”.
Los diversas personalidades y organismos que motorizaron la campaña de oposición al ridículo “Prison book ban” en unos días de juntada de firmas ya han logrado superar las 15 mil adhesiones que las leyes del Reino Unido exigen para que desde la iniciativa popular se puedan iniciar acciones legales contra el cuestionado ministro.
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