A principios de este mes escribí un artículo donde hacía mención al excelente documental “Ciutat Morta” y al problema endémico de las torturas policiales. Por aquél entonces el filme no tenía todavía demasiado eco, hasta que la proyección en Canal 33 y su intento de censura hicieron eclosionar lo sucedido en el caso. Al fin la proyección tenía el impacto que merecía, y obligaba a muchos de los que habían permanecido en silencio a tener que pronunciarse.
Ahora sí había voces que masivamente reclamaban la reapertura del caso 4F, y las tertulias televisivas, incluso en TV3, levantaban por fin el veto al documental. Parecía que todo iba viento en popa para exigir, esta vez sí, justicia.
Sin embargo, ese impulso inicial ha ido menguando poco a poco, ya que se estaba cometiendo un error: pensar que la misma justicia que había sido completamente injusta años atrás ahora iba a recular. Lo sucedido no obedece a un error puntual, sino a una cadena de connivencias de todos los agentes implicados en el sistema: policías, políticos, sanitarios, jueces y periodistas. Caí en ello descorazonado viendo el programa de debate .CAT, al que asistieron Xavier Artigas, codirector del documental, y Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, uno de los condenados por el caso 4F. En él también se encontraban entre otros Marcos González, secretario general del SEPOL (sindicato de policías locales), Joaquim Forns, primer teniente alcalde del ayuntamiento de Barcelona, o Carles Martí, ex regidor de Ciutat Vella cuando sucedieron los hechos.
Lo que tuvieron que aguantar Xavier y Mariana tuvo por momentos tintes esperpénticos, en los que se ejemplificaba a la perfección hasta qué punto los representantes del sistema anteponían una barrera a la que aferrarse, llamada sentencia judicial. El silogismo era claro: si hay sentencia firme entonces se ha hecho justicia. Todo se ha hecho conforme a las normas, todo se ha hecho conforme a los protocolos, todo está bien, el sistema funciona. Sería contradictorio que el sistema pensara lo contrario, ya que hacerlo demostraría, como menciona el propio Gonzalo Boye en el documental, que el sistema falla.
Si no, no se explican sinsentidos como que el SEPOL pidiera el indulto para Bakari Samyang y Victor Bayona, condenados por torturar a Yuri Jardine y supuestamente implicados en las torturas acontecidas en el 4F; o aún peor, que a estos dos miembros de la Guardia Urbana les hayan concedido una pensión vitalicia contando con apenas 34 y 38 años de edad.
El problema básico es entonces que el funcionamiento mismo del sistema es el que facilita que episodios como este se den, porque cuando un caso así sale a la luz, sabiendo que es un problema fruto del deficiente funcionamiento estructural de las instituciones, lo que se hace es proteger, silenciar y ocultar que ahí se está produciendo una injusticia. Por eso es importante recalcar que no se trata de un simple problema con dos agentes que han resultado ser torturadores, porque eso no hubiera sido posible si institucionalmente se hubieran hecho los deberes para atajar ese tipo de conductas. Al contrario, en Cataluña estoy convencido que algunos, como el ex-consejero de interior Felip Puig, han fomentado con su sobreprotección a los cuerpos de seguridad que se produjeran casos similares (Por poner un ejemplo, cuando consideró que la medida de Joan Saura de instalar cámaras en las salas de interrogatorio de las comisarias estaba enfocada a promover una sensación de desconfianza en la policia).
De todas las fallas sistémicas, una de las que me resulta más chocante es que desde los servicios sanitarios no se alzara la voz ni en el caso de Juri Jardine, ni en el 4F, según las afirmaciones de los afectados por las palizas. El recientemente publicado testimonio de Yuri estremece desde el momento en el que, a pesar de pedir ayuda al ATS una vez ha recibido las palizas, se le dice que no tiene nada:
Sabiendo que no se trata de situaciones excepcionales, entiendo perfectamente a Juan Pintos, otros de los condenados por el caso 4F, cuando viendo el eco social provocado por el documental, afirma que “No quiero, ni necesito, que el mismo sistema que nos detuvo, torturó, juzgó y condenó se legitime ahora como garante de la verdad y la justicia. Creo que personalizar la responsabilidad del montaje que nos encarceló es una manera de negar la realidad del sistema en el que vivimos, donde las detenciones arbitrarias, las palizas y los juicios condenatorios son la norma y no la excepción.”
Es completamente lógico que todas las personas afectadas por el montaje institucional hayan dejado de creer en la justicia porque hay razones de peso para hacerlo. Si el silencio existente hasta ahora era una muestra de que no se podía confiar demasiado en ellas, cuando han hablado ha sido casi peor: siguen negando la realidad, siguen ateniéndose a una instrucción del caso que consideran se adecua a los hechos, siguen protegiendo las disfunciones del sistema.
Este artículo no va a terminar con un mensaje esperanzador, con una moraleja o con medidas para que este tipo de episodios no vuelvan a suceder. Existen muchas posibilidades para prevenir este tipo de hechos y se vienen predicando desde hace muchos años, pero son imposibles de implantar si no se reconoce que existe un problema estructural evidente. Mientras tanto, seremos cada vez más los que dejemos de creer en la justicia. Pero tambiénseremos cada vez más los que digamos en voz alta que el sistema fue el que mató a Patricia Heras.
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