Hace unos días, coincidiendo con la finalización del año, me dispuse a ver un documental que hasta ahora me había pasado inadvertido: “Ciutat Morta”, que así se llama el filme, y que recibió entre otras distinciones la del premio al mejor documental del Festival de Málaga en 2014.
Sin embargo, a pesar de la relevancia y el reconocimiento mostrado por la comunidad cinematográfica, rara ha sido la difusión del mismo en los medios [por suerte no todos] hasta hace poco. Y ha sido precisamente en Cataluña, donde la cinta fue rodada y que resulta ser el escenario del trágico episodio que se explica, donde más esfuerzos se ha hecho por no darla a conocer. Por suerte, la presión popular ha obligado a que TV3 optara por emitirla a regañadientes.
La película explica la historia de Patricia Heras, jóven que se suicidó en 2011 mientras se encontraba en tercer grado penitenicario, que cumplía a raíz de una condena de 3 años por supuesta participación en una pelea con agentes de la Guardia Urbana que habían acudido a poner fin a una fiesta que se estaba realizando en un local ocupado [que no okupa, para que nos entendamos, y que poco tiene que ver con dicho movimiento]. En el acontecer de los hechos, varios objetos cayeron desde los balcones del local ocupado, entre ellos una maceta que impactó en la cabeza de un agente que no portaba casco, quedando tetrapléjico desde entonces.
Durante los incidentes se detuvo también, entre otros, a Rodrigo Lanza, Juan Pintos y Álex Cisternas, ciudadanos de orígen latinoamericano pero con pasaporte europeo, todos ellos ciudadanos españoles de pleno derecho, y que igual que Patricia siempre negaron participar en los hechos, fueron duramente torturados en la comisaría de Ciutat Vella en Las Ramblas de Barcelona. Debido a las lesiones producidas por dichas torturas, tuvieron que ser hospitalizados para la cura de las heridas y hematomas producidos. El relato de Rodrigo en el documental resulta estremecedor y tremendamente veraz (por cierto, no tan veraz como las contradicciones de Joan Clos cuando expuso la versión de los hechos).
Ahí es donde entra en escena Patricia. Exacto, en el hospital, y no en el lugar donde acontecieron los hechos. Y es que Patricia había acudido allí con un amigo tras haberse producido algunas heridas en un accidente con la bicicleta. Esa fue su desgracia, que unida a un estilo que resultaba similar al de los okupas, la llevó a ser detenida junto con su amigo (eso me hace preguntarme con preocupación hasta qué punto pueden estar extendidas todavía las teorías lombrosianas en las comisarías de policía).
Partiendo de ese escenario inicial, la trama muestra no solo un escandaloso caso de torturas policiales y de arbitrariedad en la detención, sino también de connivencia judicial y política con lo sucedido, intentando ocultar en todo momento los hechos, poniendo trabas constantes al derecho de defensa de los detenidos, y imposibilitando cualquier posibilidad de obtener pruebas para denunciar las torturas. De hecho, además de Patricia, Rodrigo, Juan y Álex también fueron condenados a pesar de negar también el haber participado en la disputa, y por supuesto en haberle tirado la maceta al agente que quedó tetrapléjico.
Sin embargo, a veces la realidad tira por la borda cualquier intento de ocultarla. Y eso pasó desde el momento en el que Víctor Bayona y Bakari Samyang fueron condenados por torturas a Yuri Jardine . Ambos habían sido reconocidos por Rodrigo Lanza como dos de los participantes en las torturas que llevaron a cabo sobre su persona (recibiendo nula atención judicial). Pero este episodio no hizo sino reafirmar que lo que sucedía en esa comisaría no era ni mucho menos ocasional. Se trataba de un episodio sistemático. Afortunadamente, por una vez un episodio así no ha sido resuelto con un indulto por parte del Gobierno. Por cierto, estos dos agentes resulta que que ahorahan recibido la jubilación anticipada, con 34 y 38 años, por incapacitación relacionada con aspectos psiquiátricos. De traca, pero que a la vez deja en evidencia una vez más el intento de apaciguar una realidad que se da con más asiduidad de lo que nos quieren hacer ver las versiones oficiales.
Pero tomémonos un pequeño respiro y aparquemos este caso, que espero veáis al completo en el documental Ciutat Morta, para escuchar a alguien que sabe bastante sobre la normalización de la tortura en España en los últimos años: Paco Etxebarría.
Parafraseando a Paco, es evidente que en la sistematización de la tortura el factor clave es ese 50% de gente que no se quiere creer lo que en realidad sucede, y que hacen la vista gorda. De ese 50% dependerá en gran parte que esa lacra desaparezca del todo.
El prototipo de policía macho alfa debe ser desterrado de nuestras instituciones. Del gallito, del que asocia su placa con el ejercicio indiscriminado de la violencia, del que se cree superhéroe por encima de la ley. Basta ya de silenciar unas prácticas que vienen siendo sistemáticas en no pocas comisarías, y que se justifican en pro al poder que tiene el estado sobre el ejercicio de la violencia. No debemos confundir ese legítimo derecho con el abuso, que es algo muy diferente y que debe penalizarse.
Según los informes de la Coordinadora para Prevención y Denuncia de la Tortura, en los últimos 10 años se han recogido en España más de 2.700 denuncias por agresiones policiales, y más de 6.000 personas se han visto afectadas por dichas agresiones (Y no me vengan con el mismo cuento de la lechera con el que se intenta muchas veces denostar las denuncias por violencia de género diciendo que una gran parte de estas resultan ser falsas).Y esto es de hecho solo una pequeña parte de las torturas, ya que estas agresiones suelen llevarse a cabo de forma estratégica sobre grupos marginales que optan por no decir nada ante las posibles represalias que eso conllevaría. Dichos informes muestran del mismo modo como desde 2001 más de 500 personas han muerto bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales.
Denuncias por agresiones de cuerpos de seguridad del estado en España en los últimos 10 años
Los policías honestos, los que son consecuentes con la responsabilidad que conlleva el poder que se les provee, deben ser los primeros en denunciar cualquier atisbo de abuso que observen. Ellos tienen parte de la llave para desterrar unas prácticas que no llevan más que a empañar el buen trabajo de la mayoría. Pero el silencio de los honestos resulta ser igual que el aceptamiento tácito de estas prácticas, y de ahí deriva el problema de la falta de reconocimiento de los agentes que se dejan la piel en el ejercicio de sus funciones (como lo han hecho hasta el último día de sus vidas los agentes recientemente fallecidos Antoni Camacho y Francisco Javier Ortega. Y como los muchos agentes anónimos que a diario tienen que afrontar situaciones altamente estresantes que requieren de una paciencia infinita).
También los políticos deben tomar responsabilidad de los abusos que se llevan a cabo dentro de sus propias instituciones, que ocultan por una simple razón: los cuerpos de seguridad del estado son concebidos por los gobernantes como una suerte de vigilantes de seguridad privada que deben tener contentos para poder aprovecharse de sus funciones siempre que les sea posible. De ahí las defensas a ultranza e injustificadas que se produce incluso ante la evidencia de que algo no se ha hecho correctamente. Y no es de recibo que cuando se levanta la voz sobre este tema se pida que se apaguen las cámaras.
Que nos quede claro a todos: la tortura es delito, no una estrategia de seguridad.
Posted: 03 Jan 2015
Nenhum comentário:
Postar um comentário