El escándalo de PRISM es solo la gota que ha colmado el vaso.
Obama dijo que no era posible contar con un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Pero lo que está en la mesa sigue sin garantizar la seguridad, y deja la privacidad en un 0%. Debates políticos supuestamente discutidos sobre la importancia del secreto de las comunicaciones se han saltado a la ligera. Internet ha sido un azote para los gobernantes que siempre han querido apropiarse de ella (y lo han hecho) conscientes de que era algo que escapaba a su control. Se ha conseguido magnificar a tales niveles la importancia de la seguridad nacional y la obsesión por el control que se han generado gobiernos de neuróticos capaces de saltarse cualquier normativa legal apelando a quién sabe qué amenaza. Estados Unidos es el caso más paradigmático, capaz de espiar hasta a su propia sombra con tal de guardarse ante cualquier ataque.
Pero no es el único. Reino Unido ha sido capaz de reproducir fielmente el escenario orwelliano instalando alrededor de 1.8 millones de cámaras de seguridad. En España la seguridad no es ahora un tema prioritario entre la ciudadanía, pero durante muchos años ha sido un tremendo filón propagandístico para los partidos de turno, capaz de arañar votos con amenazas más o menos reales pero siempre infladas. Y es, como no, el motivo por el que se apela en la mayor parte de ocasiones a no revelar información policial que debería ser pública. Sí, pública. Incluso a mí me choca decirlo a pesar del convencimiento que tengo de que deba ser así. El lavado de cerebro es tal que cuestiones como estas apenas se discuten porque la seguridad se ha situado desde hace mucho tiempo en un plano prioritario, siendo capaz de pisotear cualquier derecho o garantía constitucional.
Que la intervención y registro de nuestras comunicaciones a discreción es un hecho no hace falta negarlo. Se puede decir que ha pasado algo que ya se podía intuir pero para el cual parecía no haber todavía evidencias. Ahora ya las hay, y nos permiten ver dos cosas: 1) No te puedes fiar de tu gobierno (por si había alguna duda) y 2) No te puedes fiar de ninguna empresa (por mucho que Google lo niegue).
La solución no es, sin embargo, apagar ordenadores y teléfonos móviles y volver a las comunicaciones analógicas, sino abordar la raíz que ha llevado a que se atente sistemáticamente a derechos fundamentales de los ciudadanos resguardándose en resquicios legales que les amparan.
Que se nos metan en la cabeza tres cosas:
NO TODO VALE POR SEGURIDAD.
De verdad, hay cosas mucho más peligrosas que la inseguridad ciudadana y el riesgo potencial de ser víctima de un delito. PRISM es una de ellas. Aparte de que su eficacia está pendiente de prueba, el trato recibido por el ciudadano es el de presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y no, las cosas no van así. No puede ser que la solución al terrorismo o a la delincuencia organizada sea el control absoluto sobre el pueblo. Porque además, tampoco lo es. Ya se guardan bien las espaldas estas organizaciones para que no se filtren sus planes. El control de las comunicaciones es aún de dudosa justificación para las causas a las que apelan.
EL ESTADO NO TIENE LA POTESTAD DE CONTROLAR TODO LO QUE HAGO.
La sobredosis de paternalismo a la que nos han sometido en Occidente nos ha llevado a tal punto que nos parece comprensible que el estado nos controle constantemente. No somos capaces de cuidar de nosotros mismos y por eso necesitamos de un ente superior capaz de llevarnos por el camino correcto cuando la situación lo requiera. Todo sea dicho, estamos tan bien acostumbrados a que los dilemas nos lo solucionen otros (y así echarles la culpa a ellos cuando se equivocan) que afrontar uno mismo los problemas. Por eso hemos delegado las funciones de control sin rechistar demasiado.
UNA EMPRESA DE COMUNICACIONES NO PUEDE HACER LO QUE LE VENGA EN GANA CON MI INFORMACIÓN NI MOLDEAR LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD A SU GUSTO.
Por norma, somos contados los que hemos leído las políticas de privacidad de servicios que usamos a diario para comunicarnos con amigos y familiares. Quizá si las leyéramos más de uno hubiera borrado su cuenta de Facebook o de Gmail hace tiempo. Pero independientemente de lo dudosas que son esas políticas, tampoco es justificable decir que como es algo que he firmado voluntariamente, a las consecuencias me atengo. Debiera haber una seguridad jurídica previa que me permitiera estar tranquilo ante una posible intromisión del gobierno de turno o incluso de la propia empresa. Está claro que a día de hoy eso resulta ser una utopía, pero está también en nuestras manos reclamar ese derecho. Tampoco puede ser que empresas de comunicaciones puedan usar para sus estudios de I+D cosas como la información de navegación de sus clientes. El riesgo de un uso poco ético es siempre mayor que la bondadosa apelación al progreso. Simplemente, con los datos no se juega, y no te pago por ese servicio, sino para que me proveas acceso a la red.
Las filtraciones de Snowden deberían revolvernos las tripas a todos y hacer plantearnos en qué momento dejaron de importarnos nuestras comunicaciones para que hayamos cedido nuestros derechos a gobiernos y macroempresas a cambio de poder colgar cuatro fotos en la red y escribir en muros ajenos. Es, como mínimo, para preocuparse.
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