Se considera al poder político como responsable directo de mantener la seguridad pública, empero, no es sólo responsabilidad única de éste, la sociedad ha olvidado que las personas que actualmente ostentan dicho poder, son servidores de la sociedad, que en ocasiones actúan de manera irresponsable contra la criminalidad, la sociedad por medio de sus instituciones ha dejado de ejercer su función en la formación de sujetos, que se inspiren en la vida y no en la muerte para alcanzar sus logros, sujetos que carecen de toda empatía hacia sus semejantes, los delincuentes son “hijos de la sociedad”, hijos que no han tenido la debida atención temprana y que se convierten en sujetos nocivos de su propio origen: la sociedad.
En tal contexto, podemos afirmar, que la responsabilidad de mantener la seguridad pública, no sólo es actividad del Estado, sino que la propia sociedad tiene la obligación de mantenerla de manera complementaria.
Evidentemente la seguridad pública desde el punto de vista legal, es monopolio del Estado, aunque por necesidad humana de tranquilidad, no se debe dejar en manos de unos cuantos la totalidad de dicha seguridad, las instituciones sociales como la escuela y la familia, son entornos importantes que permitirían una adecuada prevención de la delincuencia, mediante la aplicación de programas y de normas axiológicas, que delimiten la conducta de los miembros que la conforman.
Por lo tanto dicho monopolio no se puede considerar como tal, si además del poder público se involucra a dichas instituciones sociales, mismas que pueden funcionar adecuadamente en la prevención de conductas antisociales, mediante su aparato ideológico, compuesto por una serie de ideas y pensamientos que traídos de la “praxis filosófica” debieran fortalecer el espíritu del individuo, para que no “permanezca de rodillas” ante el miedo y la injusticia que provoca la falta de seguridad pública, o en su caso resistirse cabalmente ante la intención de integrar grupos delictivos.
El bien común es la base que necesita la población de un Estado para mantener su armonía, en la diversidad de actividades lícitamente contextuales que realiza cada individuo. Pero no será posible lograrlo, sí la seguridad pública se encuentra en riesgo latente, por la infiltración de la delincuencia en las corporaciones encargadas de proporcionar la seguridad, razón por la cual (en el caso de México) se ha requerido de la intervención de instituciones castrenses (que tienen como finalidad mantener la seguridad nacional y no la seguridad pública), como consecuencia además del ingente fracaso de las autoridades civiles encargadas de lograr la seguridad pública.
Al dejar de prevenir y combatir adecuadamente la delincuencia común, ésta evoluciona en formas más complejas y jerarquizadas hacia la delincuencia organizada, misma que atenta directamente contra la población del Estado, pero que además por su poder económico, alcanza la penetración de las esferas del poder político en todos sus niveles, atentando contra la seguridad nacional (justificando se así la intervención castrense).
Precisamente la omisión en la adecuada actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, de la investigación de los delitos, de aplicación de justicia y las de ejecución de sanciones, es lo que propicia el surgimiento firme de fenómenos delictivos más complejos, que atentan ya no sólo a la seguridad pública sino a la seguridad nacional, lo que implica el riesgo máximo en que pueda encontrar cualquier Estado, lo generaría un caos social y la pérdida del Estado de Derecho, y consecuentemente de las garantías individuales, encontrándose la población entre “dos fuegos”, por un lado la delincuencia y por otro las violaciones de los derechos elementales del individuo, por parte del aparato represor del Estado.
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