La situación desbordada de la violencia originada por diversos factores, que “justifican” homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y demás como habitualidad esencial del homo criminis, hace cada vez más difícil que los ciudadanos ejerzan su derechos elementales, ya no es posible transitar libremente por los senderos asfalticos, ni tampoco se puede introducir en determinadas regiones sin ser abordado inmediatamente por quienes, se han apropiado de tales tópicos, generando vacios en el Estado de Derecho.
Las autoridades municipales existen en ciertas regiones, tan sólo en “el papel”, es decir operativamente se encuentran aletargadas, por la intimidación, corrupción e ineptitud, que reflejan como “servidores públicos”, así ocurre desde la génesis de su periodo gubernamental. El homo criminis dominante en tópicos con estado de excepción, es quien aprueba la candidatura municipal de “tal o cual” ente político, inclinando la balanza mediante represión y amenazas contra los sujetos activos de la democracia.
En los casos en que se suscita alguna controversia con motivo de los resultados electorales a nivel municipal, se resuelve sin necesidad de excitar la función de jurisdiccional, sólo basta con indicar al “sustentante incomodo” que desista de toda acción, pues la decisión así conviene para evitar riesgos en la salud propia y de sus ascendientes y descendientes directos. Así, el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes gubernamentales, es esterilizado mediante la castración violenta de la voluntad del homo criminis.
Muchas personas a lo largo de la historia, han luchado por ejercer su derecho de elección, empero, aunque la democracia en algunos países es “infante” en su evolución y consolidación; las instituciones electorales han sido producto de una búsqueda incansable de la transición del poder a lo largo de la llamada geometría política.
La actitud de muchos de los representantes en los tres niveles de gobierno, se puede interpretar evidentemente como miedo inminente, para ejercer sus funciones en materia de seguridad pública, autoridades municipales que abiertamente han declarado en los medios de comunicación nacionales, su incapacidad para dar seguridad a sus propios hijos y mucho menos a los habitantes que lo eligieron como su gobernante.
Autoridades de todos los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal-, así como de los tres poderes se han visto involucradas en actos de corrupción y nexos con el homo criminis, así tenemos que legisladores, gobernadores, alcaldes y jueces no han permanecido exentos de involucramiento con este fenómeno delictivo.
Es conveniente una prevención integral desde el ámbito educativo y no tan sólo mediante la prevención mecánica o de obstáculo que actualmente se aplica, por esto es que la estrategia del ejecutivo federal no ha surtido el efecto deseado por la sociedad. Al referir el ámbito educativo para la prevención efectiva del fenómeno delictivo, se requiere de una transformación y rompimiento de paradigmas que frenan la transformación cultural y mental que se requiere, no es sólo inyectando más recursos materiales, sino mediante estrategias diseñadas con tal fin basadas en la psicagogía criminológica y sus dos grandes vertientes: la pedagogía criminológica y la andragogía penitenciaria.
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