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quinta-feira, 29 de novembro de 2018

"Droga já é descriminalizada para os ricos. Imagine um tanque em Ipanema"

Johann Hari, autor britânico de livro sobre o fracasso da guerra às drogas

Johann Hari, autor britânico de livro sobre o fracasso da guerra às drogas

Quando começou a pesquisar o vício em drogas, há oito anos, o escocês Johann Hari, 39, estava intimamente ligado ao assunto: pessoas que ele amava -- de sua família ou muito próximas a ele – enfrentavam consequências terríveis da ... 

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quarta-feira, 28 de novembro de 2018

La fórmula de Finlandia para combatir el ‘bullying’

La mayoría de iniciativas en las escuelas se centran en el matón o la víctima pero hay un elemento clave con el que apenas se trabaja: el público. La psicóloga Christina Salmivalli descubre cómo el mirón legitima el acoso


Geraldine Suzette Matute, de 16 años, en una de las aulas de su colegio, en Honduras.. La niña ha sido víctima del 'bullying' en varias escuelas, lo que le ha acarreado una depresión.
Geraldine Suzette Matute, de 16 años, en una de las aulas de su colegio, en Honduras.. La niña ha sido víctima del 'bullying' en varias escuelas, lo que le ha acarreado una depresión.  UNICEF)


En 2006, el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia encargó a un grupo de investigadores desarrollar un programa global contra el acoso escolar o bullying que involucrara tanto la prevención como la intervención y que pudiera implantarse en cada colegio de Finlandia durante la enseñanza básica (entre 7 y 15 años). A cargo del grupo de expertos que desarrollaron el plan se encontraba Christina Salmivalli, profesora de Psicología de la Universidad de Turku en Finlandia, que ha pasado los últimos 25 años investigando sobre el acoso escolar y su prevención.
“Hasta entonces se había actuado desde las normativas, y todos los colegios debían poner en marcha una estrategia antibullying e implementarla: sin embargo, no había herramientas que realmente se basaran en pruebas y los niveles de acoso no bajaron. Es más, parece que aumentaron”, explica Salmivalli, que dice que, ahora, tenían la oportunidad de poner en común toda la experiencia que habían desarrollado “y traducirla a recursos prácticos que pudieran usar profesores”. Así nació, KiVa, abreviatura en fines de kiusaamista vastaan (contra el acoso), una herramienta que trabaja las emociones de la clase con lecciones mensuales y juegos de ordenador.
La particularidad del programa finlandés es que, mientras la mayoría de iniciativas contra el bullying se centraban en el matón o la víctima, había un elemento clave con el que apenas se trabajaba: el público. Las humillaciones del acosador solo tenían sentido si había una audiencia que las aplaudía. “Los investigadores están de acuerdo en que una de las principales razones del acoso escolar es la gran necesidad de estatus, visibilidad y dominio de algunos estudiantes”, explica Salmivalli. Y dice que con el abuso —ya sea físico, psicológico o social— sobre los estudiantes con menos poder, otros demuestran su estatus y el grupo, a menudo, lo refuerza. Este programa “se basa en la idea de que el cambio positivo en el comportamiento de la clase puede reducir la recompensa que obtienen los acosadores del bullying y por tanto, su motivación para acosar”, aclara.

Enseñar que el acoso no es guay

KiVa se basa en dos tipos de acciones: generales y específicas. Las generales están dirigidas a toda la clase como herramienta de prevención. Consisten en lecciones mensuales en tres cursos (primero, cuarto y séptimo), en las que “los estudiantes aprenden sobre las emociones, el respeto en las relaciones, la presión de grupo y lo más importante, sobre lo que ellos podrían hacer para acabar con el bullying”, continúa Salmivalli. El objetivo, dice, es incrementar la conciencia de su papel como testigos y cómo esos espectadores (mirones) podrían responder para acabar con un potencial caso de acoso, en lugar de mantenerlo o incluso alimentarlo. “Hacemos varias actividades mediante las que los estudiantes aprenden a apoyar a los compañeros vulnerables y contribuyen a la inclusión de cada uno y al bienestar del grupo”, aclara Salmivalli. Además, hay un juego en Internet con el que trabajan esas emociones.
En España un 14% de los adolescentes denunciaron que habían sufrido acoso, según PISA
Las acciones específicas de KiVA se ponen en marcha cuando se detecta un caso de acoso escolar. Para ello, se designa un Equipo KiVa con profesores y otros miembros del personal de la escuela, para que hablen con víctima y acosadores y sigan la evolución de las agresiones. Además, el tutor elegido se reúne con varios compañeros —entre dos y cuatro— considerados populares en clase, para animarlos a apoyar a la víctima.
Otra de las claves de su éxito, considera la investigadora finlandesa, es que en lugar de ser un proyecto de un año que comienza y termina, el objetivo es que sea parte de un trabajo sistemático y sostenible de prevención e intervención. Tras probarlo en 234 colegios con 30.000 estudiantes, aseguran que se acabó con el acoso en un 79,4% de casos y se redujo en un 18,5% de las ocasiones.

La escuela, sinónimo de tormento

En 2015, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, preguntó, por primera vez, a los alumnos de 15 años sobre cuestiones relacionadas con el bienestar como la motivación, la pertenencia o la ansiedad. Las respuestas de los jóvenes relacionadas con el bullying son alarmantes y revelan, en palabras de la propia OCDE, que “para algunos estudiantes, la escuela es un lugar de tormento”.
En cada clase, de cada colegio, de cada país de la OCDE, hay un niño al que pegan o empujan sus compañeros, según el Volumen III de PISA 2015, que concluye que a un 4% de los estudiantes de 15 años de la OCDE (aproximadamente uno por aula) le pegan en clase y de un 11% se burlan. Hong Kong lidera la lista, con un 26,1% de estudiantes de los que se mofan y un 9,5%, que empujan o pegan (un 32,3% en total). Le sigue Letonia (30,6%), República Dominicana (30,1%), Túnez (28,2%) y Rusia (27,5%).
Las humillaciones del acosador solo tienen sentido si hay una audiencia que las aplauda
El acoso escolar no entiende ni de regiones ni de resultados. Entre los sistemas educativos con mejor nota en la última evaluación PISA, en todos los casos, los niños manifestaron situaciones de bullying: Singapur (27,5%), Japón (21,9%), Estonia (20,2%), Taiwán (10,7%), Finlandia (16,9%), Macao (27,3%) o Canadá (20,3%). En España un 14% de los adolescentes denunciaron que habían sufrido acoso: un 8% con burlas y un 2,9% con violencia física. Países Bajos (9,3%), Taiwán (10,7%), Corea (11,9%) e Islandia (11,9%) fueron los lugares en los que menos proporción de estudiantes manifestaron sufrir acoso.
La Unesco también ha puesto cifras al acoso y estima que cada año, hay 246 millones de niños y adolescentes que lo sufren. En España, según una encuesta realizada por Save the Children, la mitad de los niños admite haber sufrido alguna forma de humillación o violencia.

Hablar en casa frente al acoso

Junto el trabajo de colegios y maestros, la OCDE recuerda que hablar con los niños en casa es fundamental para prevenir el bullying. El informe de PISA concluye que los programas contra el acoso escolar deben incluir la formación de los maestros sobre cómo manejar este problema y estrategias para interactuar con los padres. De hecho, hubo menos casos de acoso entre los estudiantes que manifestaron en PISA que sus padres los apoyaban cuando había dificultades en la escuela que los que mostraron poca comunicación en casa, y solo el 44% de los progenitores de estudiantes acosados habían intercambiado ideas con el maestro sobre el desarrollo del niño durante el año académico anterior.




Especialista diz que qualquer um pode ser alvo do tráfico de pessoas

O tráfico de pessoas é um delito relacionado a ambições e desejos o que torna qualquer pessoa um alvo fácil para criminosos. A avaliação é da coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) do Ceará, Livia Xerez Azevedo, que trabalha há sete anos na função.
"É um crime que vítima homens, mulheres, crianças, profissionais do sexo que querem ganhar em dólar e euro e também aquela pessoa que sonha em fazer um intercâmbio pra estudar outro idioma. Todos nós podemos ser vítimas do tráfico de pessoas. Todos nós temos sonhos e necessidades", defende.
Presente na 4ª Reunião da Comissão de Trabalho em Matéria de Tráfico de Seres Humanos, que reúne, em Brasília, países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) até a próxima quinta-feira (29), Livia explica que as vítimas, quando identificadas, têm dificuldade de se reconhecer como tal, por ter, em primeiro lugar, de assumir que foram ludibriadas.
"Nesse momento do retorno, principalmente no tráfico internacional, são muitas as mulheres e os homens que chegam com seus sonhos destroçados completamente. Existe uma expectativa de que, com essa viagem para o exterior, vai conseguir juntar dinheiro para mandar para a mãe, que vai conseguir aprender outros idiomas, andar de avião, conhecer o mar, e, quando essas pessoas voltam, elas voltam com um sentimento de fracasso, de vergonha. Sentem que voltaram com uma mão na frente e outra atrás. [A vítima] Fez uma festa para as amigas, para a mãe, para o vizinho, de que ia reconstruir sua vida e fracassou, foi enganada", destaca a coordenadora.
Em alguns casos, conta ela, a negação da vítima pode levá-la a repetir a experiência de abuso. "Elas acham que foi uma grande oportunidade. Elas estão tão vulneráveis que elas acreditam que foi uma grande oportunidade de viver melhor que, com elas, infelizmente não deu certo, mas que, com outras pessoas, poderia ter dado, e que elas vão tentar novamente. Então, são confusões de sentimentos que desafiam as equipes de atendimento a esse acolhimento humanizado."
Para a coordenadora, os membros das equipes de resgate devem evitar julgar as pessoas que se encontram nessa situação. "Existe ainda um preconceito em atender a essas vítimas. Elas são, muitas vezes, rechaçadas, por seus sonhos. E entendemos que essa articulação [de sensibilizar os atendentes] é importante. Por que, afinal, o que é o tráfico de pessoas? Muitas vezes, elas [as vítimas] se aventuram nessas falsas promessas porque não tiveram seu direito à saúde, à assistência social, convivência familiar e comunitária na sua terra natal", diz.

Unificar dados

De acordo com a coordenadora-geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Renata Braz, um dos desafios da área é unificar as informações relativas a esse tipo de crime, inclusive para tocar adiante políticas públicas na área. "Esses números estão fragmentados. Temos os da Polícia Federal, os do Ministério do Desenvolvimento Social, [do Ministério] da Saúde, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério das Relações Exteriores, mas eles não conversam entre si. E esse é o nosso maior desafio agora, para a próxima gestão. Como padronizar esses números, porque sem dados não existe política pública. A gente não consegue desenhar a política pública, não consegue focalizar as ações, não consegue ver o retrato da realidade", pondera.
Uma das únicas plataformas hoje existentes é a Base Colaborativa de Dados sobre Tráfico de Pessoas (CTDC), mantida pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da Organização das Nações Unidas (ONU). Lá estão relacionados 91.416 ocorrências, que, reportadas desde 2002, colocam na rota de exploração 172 países. As vítimas, segundo os registros, eram de 169 nacionalidades diferentes, o que reforça a ideia de que o crime é um problema de caráter global.
O registro de tráfico de pessoas tem aumento no mundo desde 2014. Naquele ano, 5.489 vítimas foram auxiliadas, número que saltou para 10.819, em 2015. No ano seguinte, o total de vítimas chegou a 24.246, passando para 15.944 em 2017. Até agosto deste ano, 2.186 foram confirmadas.
A plataforma mostra ainda que a maioria das vítimas é do gênero feminino (71%), solteira (46,4%) e portadora de um diploma de nível técnico (24%). Avaliando a faixa etária das vítimas, constata-se uma maior incidência entre dois grupos: pessoas com idade entre 9 e 17 anos (18%) e entre 30 e 38 anos (18%).
Geralmente, o recrutador, isto é, a pessoa que apresenta a proposta à vítima e a subjuga, é alguém que não pertence ao círculo familiar ou social da vítima.

Rede brasileira de atendimento

No Brasil, a rede de atendimento a vítimas desse tipo de crime é composta por núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, voltados à aplicação, em âmbito estadual, de ações nacionais, e postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, que é onde as vítimas são recepcionadas.
De acordo com Renata Braz, os 17 núcleos e 13 postos não estão distribuídos de forma satisfatória nem equilibrada pelo país, o que causa a desproteção de certas regiões, incluindo algumas que fazem fronteira com Bolívia e Paraguai.
"A gente tem, por exemplo, no Mato Grosso uma atuação muito forte de um comitê estadual. Então, a gente vai se adaptando à realidade de cada estado. Porque a gente também tem uma outra questão, que é muito importante colocar: nós somos um país federativo. Então, estados e União são autônomos entre si. A gente não tem uma hierarquia com os estados. Exige uma cooperação, uma articulação. Nem sempre é fácil", afirma.
Os estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba não contam, atualmente, nem com um núcleo nem com um posto avançado de atendimento.
Para auxiliar os profissionais de saúde a identificar e socorrer as vítimas de tráfico de pessoas, a Organização Internacional para Migrações (OIM) mantém em seu site um guia específico para profissionais de saúde e um Manual de Assistência Direta para vítimas do tráfico de pessoas.

Ministro Dias Toffoli assina acordo inédito de cooperação técnica internacional para enfrentamento da crise carcerária

Ministro Dias Toffoli assina acordo inédito de cooperação técnica internacional para enfrentamento da crise carcerária
Foi firmado nesta terça-feira (27), no Supremo Tribunal Federal (STF), acordo de cooperação técnica internacional entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para aprimoramento das políticas de alternativas penais e monitoração eletrônica, bem como o aperfeiçoamento do cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. O acordo também irá permitir a implementação nacional do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), criado pelo CNJ a partir de sistema desenvolvido pela Justiça estadual do Paraná.
O documento foi assinado pelo presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, pelo ministro interino das Relações Exteriores, Marcos Bezerra Abbott Galvão, e pelo diretor regional do Pnud para América Latina e Caribe, Luís Felipe López-Calva. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o corregedor-nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, também participaram da solenidade.

Esta é uma parceria inédita para o Poder Judiciário brasileiro, por ter alcance nacional. O acordo assinado hoje decorre dos termos de execução descentralizada firmados pelo CNJ com o Ministério da Segurança Pública, que estão permitindo a transferência de recursos ao Conselho para ações específicas para reduzir a superlotação carcerária, como o incremento na adoção de penas alternativas, o investimento em centrais de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado em todo o País e a identificação biométrica de detentos. Para o ministro Dias Toffoli, a parceria com o Pnud fará com que o CNJ fortaleça as suas ações institucionais junto a cada tribunal do País, que terão mais capacidade para realizar e executar projetos, monitorados pelo Conselho.
“Não é de hoje que sabemos e repetimos que o número de pessoas presas cresce a cada dia, em número acelerado, sem que isso represente uma redução da violência ou da criminalidade. As cadeias estão superlotadas, são espaços degradantes, sem oferta de condições mínimas de dignidade, sem educação e trabalho. A reincidência é recorrente e as penitenciárias acabam por funcionar como resultado final no aumento e reprodução de violência. A partir da assinatura deste acordo, o Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez, entra em campo com ações concretas para transformar essa realidade. O Poder Judiciário, através do CNJ, está fazendo a sua parte, contribuindo, no limite de sua ação institucional, com iniciativas para resolver esse dramático problema”, afirmou Toffoli.
De acordo com o ministro, algumas ações já estão em curso. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) está sendo implantado hoje (27) no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) e, na semana que, será a vez do TJ da Bahia. “Não queremos mais processos em papel, não queremos que pessoas presas fiquem esquecidas dentro de prisões, já com penas cumpridas, pela simples razão de não existir um sistema informatizado capaz de emitir ‘alertas’ para essa situação”, disse o ministro Toffoli. Segundo ele, os mutirões carcerários que marcaram a gestão do ministro Gilmar Mendes no CNJ serão revitalizados com o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. “Os mutirões agora serão eletrônicos e seletivos. Através deles, a intenção é alcançar o maior número de beneficiados”, explicou.
Além dos mutirões, o CNJ buscará minimizar os efeitos da superlotação carcerária por meio de três ações específicas: apoio aos estados na implementação das centrais de alternativas penais e das centrais de monitoramento eletrônico; expansão e qualificação das audiências de custódia; e implantação da “Central de Vagas” nos tribunais para controle das portas de entrada e saída do sistema carcerário, garantindo ocupação mais racional dos espaços prisionais. “Essas três ações trazem alento a um quadro que o STF definiu como ‘estado de coisas inconstitucional’. São medidas pragmáticas para enfrentarmos a crise prisional que assola o País”, afirmou o ministro Dias Toffoli.
Pnud/ONU
Para o diretor do Pnud, a parceria com o Poder Judiciário representa um avanço do Brasil no cumprimento da Agenda 20-30, um acordo alcançado entre os países-membros do sistema ONU que estabelece metas e aspirações a serem alcançadas pelos países, especialmente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16, que propõe melhor governança e acesso à Justiça. “O Pnud orgulha-se em poder colaborar com o Conselho Nacional de Justiça neste projeto de cooperação técnica e em participar do desenvolvimento conjunto de resultados destinados a fortalecer o sistema prisional e sua gestão no Brasil. Agradeço ao ministro Dias Toffoli pela confiança depositada no trabalho do Pnud e quero externar nosso pleno empenho e compromisso na consecução dos melhores resultados nessa cooperação”, afirmou López-Calva.
Relações Exteriores
O ministro interino das Relações Exteriores destacou a importância da cooperação com organismos internacionais na área de segurança pública para o enfrentamento do grave problema da segurança pública, que recebeu expressa previsão na Agenda 20-30 para o desenvolvimento sustentável, que reconhece “a necessidade de se construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que ofereçam igualdade de acesso à Justiça e que sejam baseadas no respeito aos direitos humanos, incluído o direito ao desenvolvimento, em um efetivo Estado de Direito e boa governança e em todos os níveis e instituições transparentes, eficazes e responsáveis”. Abbott Galvão afirmou que a segurança pública é uma das principais demandas da sociedade brasileira e a política externa cada vez mais tem se ocupado do tema.
“Além do apoio ao governo brasileiro na prossecução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16, a parceria que aqui se formaliza com o Pnud contribui para a consolidação da posição do Conselho Nacional de Justiça como protagonista na superação das adversidades do sistema prisional e socioeducativo. Sinergias entre todos os níveis de governo serão necessárias para o enfrentamento da realidade desafiadora que a atual situação do sistema prisional brasileiro demanda”, afirmou o ministro Galvão.
VP/EH
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terça-feira, 27 de novembro de 2018

CNJ Serviço: o que são crimes dolosos contra a vida

Os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, são julgados pelo Tribunal do Júri. FOTO: TJDFT
O Código Penal estabelece os crimes e suas penas no Brasil e, entre eles, estão os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles em que o agente atenta contra a vida do ser humano com vontade direta ou indireta. A Constituição Federal estabelece que os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Tais delitos estão previstos nos artigos 121 a 128 do Código Penal.
O mais conhecido é o homicídio, que é o ato de matar alguém. Pode ser classificado como simples, com punição de seis a vinte anos. Pode também ser classificado como privilegiado, quando cometido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. A punição será reduzida de um sexto a um terço devido à relevância dos motivos. Já o homicídio qualificado é aquele em que o assassinato foi cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa; por motivo torpe; por motivo fútil; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel. Outras qualificadoras são: crimes cometidos mediante dissimulação, emboscada ou recurso que dificulte ou impossibilite a defesa ou ainda para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro delito. As penas vão de doze a trinta anos de reclusão.
Em 2015, com a edição da Lei n. 13.104, uma nova qualificadora foi incluída nesta lista: o feminicídio, ou seja, o homicídio de uma mulher por razões da condição de sexo feminino. Pela norma, isso ocorre quando o crime envolve violência doméstica ou menosprezo à condição de mulher. A pena é aumentada em um terço se for praticado durante a gestação da vítima ou nos três meses posteriores ao parto; contra pessoa com menos de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência; ou na presença de descendente ou ascendente da vítima.
Suicídio e aborto
O crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio também está entre os crimes que podem ser julgados pelo júri popular. Caso o suicídio se consume, a pena é de reclusão de dois a três anos. Se o crime não for consumado, mas resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena varia de um a três anos. A punição é duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico ou se a vítima tem menos de 18 anos ou tem diminuída a capacidade de resistência.
Outro crime elencado entre os dolosos contra a vida é o infanticídio. Trata-se do crime no qual a mulher mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal (durante ou logo após o parto). A pena para tal crime é de um a quatro anos. O aborto é outro crime classificado como doloso contra a vida. Se o crime for praticado pela gestante ou com o seu consentimento, a pena é de detenção por um a três anos. No caso de ser provocado por terceiro, sem o consentimento da mulher, a pena do terceiro pode variar de três a dez anos; a mãe que consentiu pode ser condenada de  um a quatro anos.
Não são julgados pelo Tribunal do Júri os homicídios culposos, que ocorrem quando a morte se dá sem que a pessoa tenha intenção de matar. O crime pode ocorrer por negligência, imperícia ou imprudência e a pena de detenção é de um a três anos. O latrocínio, roubo seguido de morte, também não é julgado pelo júri popular, uma vez que é considerado um crime contra o patrimônio. Isso se dá porque o objetivo de quem o pratica é a subtração de bens e não o homicídio, que ocorre em consequência do emprego de violência.

STJ nega pronúncia de réu denunciado apenas com base em inquérito policial

Não se admite a pronúncia de acusado apenas com base em indícios derivados do inquérito policial. Esse foi o entendimento aplicado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar a pronúncia de um acusado de homicídio. Para os ministros, seriam necessários outros elementos de prova produzidos judicialmente para submeter o réu ao tribunal do júri.
Amparado por depoimento de testemunha ouvida no inquérito, o Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia contra dois homens por homicídio qualificado consumado — por motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Interrogados em juízo, um dos acusados assumiu a autoria do crime, mas o segundo negou a participação.
Em primeiro grau, a denúncia foi aceita, mas o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso defensivo para despronunciar um dos acusados, pois não haveria indícios seguros ou amparados pela prova coletada na Justiça — o que, no caso, seria a confissão de um dos réus. O TJ-GO também excluiu duas qualificadoras — motivo fútil e a de recurso que impossibilitou a defesa da vítima — do réu confesso.
O Ministério Público interpôs, então, recurso especial sustentando a possibilidade de a decisão de pronúncia ser fundamentada em prova inquisitorial. O órgão alegou ainda que a pronúncia requer apenas indícios de autoria e materialidade delitiva, elementos presentes nos autos.
O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou em seu voto que há julgados do tribunal no sentido de admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Para ele, no entanto, essa não seria a melhor solução para o caso em análise, uma vez que, ao confessar o crime em juízo, um dos corréus assumiu inteiramente a autoria, afirmando que o outro acusado não participou do fato, pois se encontrava em casa dormindo.
“No Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado, e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal”, esclareceu o ministro.
Segundo Ribeiro Dantas, a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. “Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do conselho de sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial”, disse.
De acordo com o relator, na hipótese em análise, optar por solução diversa implicaria “inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais”.
Contudo, o ministro explicou que essa não foi a opção legislativa. “Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão — a liberdade —, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do tribunal do júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta”, declarou em seu voto. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
Clique aqui para ler o acórdão.
REsp 1.740.921

Revista Consultor Jurídico, 26 de novembro de 2018.

Xingar PM sem intuito de denegrir servidor ou instituição não é desacato, diz TJ-DF

É preciso que o insulto desprestigie o servidor público ou a administração para ser tipificado como desacato. Com esse entendimento, a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou improcedente pedido do Ministério Público para condenar réu por desacato, devido a xingamentos proferidos a policial militar durante apreensão de sua moto.
O réu afirma que foi abordado por PMs enquanto conduzia sua moto sem habilitação. Durante a abordagem, foi constatado que o lacre da placa estava rompido e a documentação do veículo estava vencida. Ao ser informado que a motocicleta seria levada para o depósito do Detran, o réu resistiu à apreensão do bem e foi rendido pelos policiais com o uso de spray de pimenta, ocasião em que xingou os agentes.
Ele foi absolvido em primeira instância, mas o Ministério Público recorreu da decisão sob a alegação de que haveria provas para a condenação, tendo em vista o depoimento das testemunhas e a confissão do denunciado.
Ao julgar o recurso, o relator, desembargador Arnaldo Corrêa Silva, seguido por unanimidade por todos os membros da turma, ponderou que, para a consumação de crime de desacato, “deve haver prova do pronunciamento de insultos ou palavras de baixo calão que atinjam o prestígio do servidor e da Administração Pública”, o que não foi configurado na ocasião.
De acordo com a decisão, os xingamentos foram proferidos pelo réu em um momento de desabafo ao ser rendido com o uso de spray de pimenta, sem intenção de denegrir ou menosprezar o poder estatal. Dessa forma, ao manterem sentença de 1º grau, os magistrados entenderam que “taxar tal conduta de desacato é privilegiar o excesso de sensibilidade de quem está lidando com o público”. Com informações da Assessoria de Imprensa do TJ-DF.
Processo 0006307-96.2017.807.0003
Revista Consultor Jurídico, 26 de novembro de 2018.

segunda-feira, 26 de novembro de 2018

Um em cada quatro menores assassinados no Rio em 2017 foi morto pela polícia, diz ISP

Dossiê Criança e Adolescente foi lançado nesta sexta-feira

Uma a cada quatro crianças ou adolescentes assassinadas no estado do Rio em 2017 foram mortas pela polícia. A conclusão é do Dossiê Criança e Adolescente 2018, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e lançado nesta sexta-feira. Ao todo, a dupla de pesquisadores Luciano de Lima Gonçalves e Flávia Vastano concluiu que, naquele ano, 636 vítimas de até 18 anos foram vítimas de letalidade violenta — soma de homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguido de mortes), lesões corporais seguidas de mortes e homicídios decorrentes de intervenção legal. Desse total, 174 vítimas foram mortas por policiais em serviço, que alegaram, na delegacia, que mataram em legítima defesa.
Para chegar a esses números, os pesquisadores compilaram dados da Polícia Civil e do Sistema Único de Saúde. Ao usar as duas bases, o estudo conseguiu recuperar, com precisão, a idade de cada uma das vítimas.
Os pesquisadores geolocalizaram cada um dos casos e concluíram que regiões próximas a grandes complexos de favelas na Região Metropolitana concentram a maior densidade de assassinatos de crianças e adolescentes. Os Complexos do Chapadão, da Pedreira, da Maré e do Alemão estão entre as áreas com mais casos.
Segundo o dossiê, “a letalidade violenta contra menores tende a se intensificar, na medida em que nos aproximamos de uma área sujeita ao controle ilegal do território” — ou seja, regiões dominadas pelo tráfico ou pela milícia. Mais de cem crianças e adolescentes foram mortas dentro dessas áreas, de acordo com a pesquisa.
Entre todas as mortes violentas de adolescentes, 90,5% são causadas por disparo de armas de fogo. Já entre crianças, esse percentual é 51,9%.
O estudo também comparou os locais dos crimes com os endereços de residência dos menores na época em que foram assassinados. Os pesquisadores concluíram que, na maior parte dos casos, crianças e adolescentes são mortos perto de suas casas: 50% das vítimas foram assassinadas a no máximo três quilômetros de suas casas. Em 20% dos casos, a vítima foi morta a apenas alguns quarteirões de distância de sua residência.
O dossiê analisou ainda outros crimes cometidos contra crianças e adolescentes, e concluiu que, em 59% dos casos de violência sexual, as vítimas são crianças ou adolescentes. Boa parte dos crimes teve como autor pessoas próximas às vítimas. Parentes ou conhecidos foram autores de 47% das agressões físicas e dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, de 40% dos crimes de violência sexual e de 38% dos crimes de violência moral.

Veja como o Superior Tribunal de Justiça tem julgado ações sobre tráfico de drogas

Relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicado em 2017 aponta que o tráfico de drogas é a atividade criminosa mais lucrativa do mundo, movimentando cerca de 320 bilhões de dólares por ano. 
De acordo com a entidade, em 2015, foram computadas 250 milhões de usuários, sendo que 29,5 milhões apresentaram algum transtorno relacionado ao consumo de drogas, incluindo a dependência.
Como o Brasil está entre os principais exportadores de drogas ilegais, o Poder Judiciário vem atuando para combater a atividade criminalizada. O Superior Tribunal de Justiça destaca algumas de suas jurisprudências sobre o tema:
Lei de Drogas
A publicação da chamada Lei de Drogas (1.343), aconteceu em 23 de agosto de 2006. Ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), além de prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Também foram estabelecidas normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definidos os crimes respectivos.

“Mulas” do tráfico
Em abril do ano passado, no julgamento do HC 387.077, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, após as turmas de direito penal oscilarem bastante sobre o tema em seus julgados, a 5ª Turma, por unanimidade, decidiu seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006) ao agente transportador de drogas na qualidade de “mula”.

Na ocasião, o ministro relator destacou que a simples atuação nessa condição não induz automaticamente à conclusão de que o agente seja integrante de organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso.
A turma também seguiu o entendimento do STF ao decidir que, apesar de a atuação como “mula” não ser suficiente para configurar participação em organização criminosa, é circunstância concreta e idônea para ser valorada negativamente na terceira fase da dosimetria da pena, modulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.
No caso julgado, o relator decidiu pela aplicação da fração mínima de um sexto para a redução da pena-base da paciente, pois, segundo o parágrafo 4º do artigo 33, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  
Importação de sementes
A jurisprudência do STJ entende que a importação clandestina de sementes de maconha (cannabis sativa) configura tráfico internacional de drogas, conforme o artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. Entretanto, quando se trata de pequena quantidade de sementes, o entendimento das turmas de direto penal ainda não está consolidado.

Para a 5ª Turma, independentemente da quantidade, a importação de semente de maconha constitui crime de perigo abstrato ou presumido e deve ser punido na forma do artigo 33, parágrafo 1º, inciso I, da Lei de Drogas. O entendimento pode ser observado, por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental no REsp 1.637.113, em que o colegiado não reconheceu o princípio da insignificância no caso de um réu que importou 14 sementes de maconha da Holanda.
Já a 6ª Turma, ao julgar o REsp 1.675.709, decidiu pela atipicidade da conduta de importação de pequena quantidade de sementes quando destinada à preparação de droga para consumo pessoal, posição que permaneceu no julgamento do Agravo Regimental no REsp 1.658.928.
Transnacionalidade
A majorante do tráfico transnacional de drogas (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Esse é o entendimento fixado na Súmula 607 do STJ.

No julgamento do REsp 1.391.929, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, a 6ª Turma manteve a condenação de duas pessoas que tentavam exportar para a Europa uma carga de 250 quilos de cocaína. A droga foi encontrada em um contêiner, camuflada em vasos de plantas ornamentais. Os dois acusados foram condenados a 14 anos de reclusão pelo crime de tráfico internacional de drogas, segundo o artigo 33 da Lei 11.343/06, com a majorante da transnacionalidade prevista no artigo 40.
No recurso, os réus requereram o reconhecimento da modalidade tentada do delito de tráfico e a retirada da majorante, pois o entorpecente que seria supostamente encaminhado à Itália foi apreendido ainda no Brasil. No entanto, o relator destacou que “é suficiente a comprovação de que os agentes tinham como intento a disseminação do vício no exterior, sendo indiferente que não tenham conseguido ultrapassar as fronteiras nacionais com a substância ilícita para a configuração da referida causa de aumento”.
Ainda em relação à aplicação da majorante pela transnacionalidade, o STJ entende que não se configura bis in idem na aplicação do artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06, em virtude de o artigo 33 da mesma lei prever as condutas de "importar" e "exportar", pois se trata de tipo penal de ação múltipla, e o simples fato de o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico.
Competência
No julgamento do HC 168.368, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, a 5ª Turma, em concordância com jurisprudência já firmada pelo STF, ratificou o entendimento de que a competência da Justiça Federal para julgamento do crime de tráfico de entorpecentes apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o artigo 70 da Lei 11.343/06.

No caso analisado, o paciente e outros 16 réus foram presos em flagrante na região de Campinas (SP) portando aproximadamente 34,8 quilos de pasta base de cocaína e uma pistola calibre 38. Um dos réus alegou a incompetência da Justiça estadual para o julgamento do caso pelo fato de a droga ter sido adquirida no Paraguai e na Bolívia, o que caracterizaria a internacionalidade do delito, atraindo a competência da Justiça Federal.
O juízo de primeiro grau não aceitou a alegação por entender que a atuação da quadrilha era tão somente em solo brasileiro, na região de Paulínia (SP). A sentença condenatória foi mantida em segunda instância. No STJ, o relator citou precedentes do próprio tribunal para mostrar que as circunstâncias de os corréus serem estrangeiros ou de a droga ter origem externa não configuram necessariamente a transnacionalidade do delito nem o consequente deslocamento do caso para a Justiça Federal. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

STF: Decano afasta decisão que considerou como maus antecedentes condenações anteriores como pena extinta

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afastou decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao julgar recurso especial interposto em favor de uma condenada por tráfico de drogas, considerou como maus antecedentes condenações definitivas anteriores mesmo após o curso do período extintivo de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal (CP). A decisão foi tomada nos autos do Habeas Corpus (HC) 164028.
O dispositivo do CP estabelece que, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.
Com a decisão, o decano restabeleceu acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que aplicou à condenada o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar mais favorável. O dispositivo prevê que as penas relativas ao tráfico de entorpecentes poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

“Não se revela legítimo, em face da Constituição da República, considerar como maus antecedentes condenações criminais cujas penas, cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de cinco anos, pois, com o decurso desse quinquênio, não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de sentenças condenatórias anteriores. Inadmissível, em consequência, qualquer valoração desfavorável ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal”, destacou.


De acordo com o decano, o relator do recurso no STJ não justificou, de maneira adequada, os motivos pelos quais afastou a causa especial de redução de pena prevista na Lei 11.343/2006, invocando apenas a condenação anterior, sobre a qual incidiu o período de cinco anos. Essa circunstância, nos termos da jurisprudência do Supremo, não pode ser utilizada de modo desfavorável ao réu.

Caso
A acusada foi condenada pela 1ª Vara Criminal de Ourinhos (SP) a nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O TJ-SP, ao julgar apelação da defesa, a absolveu da prática do segundo crime, afastou o reconhecimento da circunstância dos seus antecedentes e aplicou o redutor previsto na Lei 11.343/2006, obtendo-se a pena final de um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto.
Ao julgar recurso do Ministério Público de São Paulo contra o acórdão do TJ-SP, o STJ, em decisão monocrática, fixou a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, baseado nos maus antecedentes da condenada.
Concessão de ofício
Como o HC 164028 foi impetrado contra decisão monocrática do STJ, o ministro não conheceu da impetração. Ressalvando sua posição em contrário, ele aplicou entendimento das duas Turmas do STF no sentido da inviabilidade do trâmite do habeas em tal hipótese, já que configuraria indevida supressão de instância. No entanto, ele concedeu o HC de ofício por ter verificado situação caracterizadora de injusto gravame à liberdade da pessoa.
RP/CR
Fonte: STF

Não cabe ao réu escolher em qual presídio pretende cumprir sentença condenatória

O juiz João Marcos Buch, titular da 3ª Vara Criminal e Execuções Penais da comarca de Joinville, determinou esta semana que um empresário condenado pela Justiça Federal de Blumenau voltasse para cumprir a pena em sua cidade de origem.  O empresário é natural de Blumenau, onde tem família e mantem empresa.
O crime a que foi condenado também foi cometido lá.  Após sua prisão, contudo, o empresário foi num primeiro momento levado ao Presídio Regional de Joinville. O juizo federal de Blumenau, ao tomar conhecimento do fato, mandou  o processo de execução da pena para Joinville.
Logo em seguida, os advogados de defesa solicitaram ao juiz Buch a prisão domiciliar ao réu, a partir do uso de tornozeleira eletrônica e autorização para sair da prisão e ir trabalhar em Blumenau, cerca de 100 quilômetros distante de Joinville. 
O juiz Buch, em decisão nesta semana, enviou o processo de execução para Blumenau e ordenou a condução do apenado para o Complexo Prisional daquela cidade. Observou que cabe à Justiça de Blumenau executar a pena e apreciar os pedidos dos advogados.
Responsável: Ângelo Medeiros - Reg. Prof.: SC00445(JP)
Fonte: TJ-SC

Seis mulheres são vítimas de feminicídio a cada hora no mundo, diz ONU

Relatório indicou que 58% de todos os assassinatos em 2017 foram cometidos por companheiros ou familiares

Seis mulheres são vítimas de feminicídio a cada hora no mundo, diz ONU


Mais da metade das mulheres assassinadas no mundo em 2017 foram mortas pelo companheiro ou familiares, o que faz da própria casa "o lugar mais perigoso do mundo para uma mulher", indica um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU).

No levantamento, divulgado por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado neste domingo, o gabinete da ONU sobre Drogas e Crime (UNODC) calculou que, de um total de 87 mil homicídios de mulheres registrados em todo o mundo, no ano passado, cerca de 50 mil (58%) foram cometidos por companheiros ou familiares.

Cerca de 30 mil (34%) homicídios foram praticados pelo parceiro da vítima.
"Isto significa que cerca de seis mulheres são mortas a cada hora por alguém que elas conhecem", observou o gabinete da ONU, com sede em Viena, na Áustria.
A grande maioria (cerca de 80%) das vítimas de homicídios no mundo são homens e "as mulheres continuam a pagar o preço mais elevado em termos de desigualdade entre homens e mulheres, de discriminação e de estereótipos negativos", declarou o chefe do gabinete da ONU, Iuri Fedotov.
"Elas são também aquelas com mais probabilidade de serem mortas pelo companheiro ou familiares (...) o que faz do domicílio o local mais perigoso para uma mulher", sublinhou.
"O fato de as mulheres continuarem a ser vítimas deste tipo de violências mais que os homens denota um desequilíbrio nas relações de poder entre homens e mulheres na esfera doméstica", acrescentou.
De acordo com os cálculos do UNODC, a taxa global de mulheres vítimas de homicídio eleva-se a 1,3 vítimas por 100 mil mulheres.
A África e as Américas são as regiões do mundo onde as mulheres correm maior risco de serem mortas pelo companheiro ou familiar.
Em África, a taxa é de 3,2 vítimas por 100 mil mulheres. Nas Américas, 1,6, na Oceânia 1,3 e na Ásia 0,9.
A taxa mais baixa observa-se na Europa, onde é de 0,7.
A ONU acrescentou que "nenhum progresso tangível" para combater este crime foi conseguido nos últimos anos, "apesar das legislações e de programas desenvolvidos para erradicar a violência contra as mulheres".
As conclusões do relatório "sublinham a necessidade de uma prevenção da criminalidade e de uma justiça penal eficazes para enfrentar a violência contra as mulheres".
O documento defendeu também uma melhor coordenação entre a polícia e a justiça para que os autores da violência sejam responsabilizados pelos atos.
O relatório sublinhou ainda a importância de implicar os homens nas soluções, nomeadamente através da educação nas idades mais jovens.

sexta-feira, 23 de novembro de 2018

Supremo discutirá súmula para uniformizar data-base para progressão da pena

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, aceitou uma proposta de súmula vinculante para definir a data-base para a progressão do regime semiaberto para o aberto de um condenado que iniciou o cumprimento da pena em regime fechado.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública-Geral Federal, a antiga DPU, após sugestão do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), da Pastoral Carcerária e da Defensoria Pública de São Paulo. As instituições sugerem que o seguinte texto da súmula:
"Na execução da pena, o marco para a progressão de regime é a data em que o apenado preencher o requisito objetivo (artigo 112, LEP), e não a data do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior, sendo de natureza declaratória a decisão judicial que defere a progressão"
O pedido afirma que os tribunais estão contrariando o entendimento pacificado pelo Supremo em 2015, no julgamento do Habeas Corpus 115.254 pela 2ª Turma. Na ocasião, os ministros concluíram que a data-base para o cálculo do lapso da segunda progressão é o dia de cumprimento do requisito objetivo do lapso anterior, e não o dia da decisão judicial que deferiu a progressão ou da efetiva transferência do sentenciado. 
"A ausência de caráter formalmente vinculante do entendimento vem gerando situação de extrema insegurança jurídica", dizem as instituições. "Assim, o cálculo da pena, algo que, a princípio, deveria ser dotado de objetividade, assume contornos arbitrários, na medida em que, a depender do juiz de execução ou do respectivo tribunal recursal, cada sentenciado verá o cálculo de sua pena ser realizado de forma diversa. Tal resultado não pode ser aleatório, dependendo de 'sorte ou azar' do sentenciado, sendo urgente a uniformização da matéria", afirmam as entidades.
A tese foi acatada por Toffoli. "É reiterado o entendimento da corte no sentido de que, por questão de isonomia, deverá ser aplicada às hipóteses de progressão de regime (LEP, artigo 112) a lógica utilizada para a sua regressão em faltas graves (LEP, artigo 118), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta", ressaltou, citando julgados do Supremo no mesmo sentido, que tiveram relatorias dos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber.
"Verifico, portanto, que a proponente não só demonstrou que há reiteradas decisões da corte sobre matéria constitucional, como também que existe, entre órgãos judiciários, controvérsia atual que acarreta grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão (artigo 103-A, caput e parágrafo 1º, da Constituição, reproduzido no artigo 2º, caput e parágrafo 1º, da Lei 11.417/06)", concluiu, confirmando a adequação da proposta de súmula vinculante. 
Clique aqui para ler a sugestão da DPU.
Clique aqui para ler a decisão do ministro.
PSV 137

 é repórter da revista Consultor Jurídico.
Revista Consultor Jurídico, 22 de novembro de 2018.

Justiça Restaurativa: Marco Teórico, Experiências Brasileiras, Propostas e Direitos Humanos

Sugestões: Livros e Revistas

  • AGUIAR, Geraldo Mario de. Sequestro Relâmpago. Curitiba: Protexto, 2008.
  • ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema Penal Máximo x Cidadania Mínima: códigos da violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
  • ANDRADE. Pedro Ivo. Crimes Contra as Relações de Consumo - Art. 7º da Lei 8.137/90. Curitiba: Juruá, 2006.
  • ANITUA, Gabriel Ignácio. História dos Pensamentos Criminológicos. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2008. Coleção Pensamento Criminológico n. 15.
  • ARAÚJO, Fábio Roque e ALVES, Leonardo Barreto Moreira (coord.). O Projeto do Novo Código de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2012. 662p.
  • AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de; CARVALHO, Salo de. A Crise do Processo Penal e as Novas Formas de Administração da Justiça Criminal. Porto Alegre: Notadez, 2006.
  • BAKER, Mark W. Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu. São Paulo: Sextante, 2005.
  • BARATA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. Trad. e pref. Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2002. ( Pensamento criminológico; 1)
  • BARBATO Jr, Roberto. Direito Informal e Criminalidade: os códigos do cárcere e do tráfico. Campinas: Millennium, 2006.
  • BARKER, Gary T. Homens na linha de fogo - juventude, masculinidade e exclusão social. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.
  • BATISTA, Vera Malagutti. Dificeis ganhos faceis. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2003. (Pensamento criminológico; 2)
  • BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
  • BRAUN, Suzana. A violência sexual infantil na família: do silêncio à revelação do segredo. Porto Alegre: AGE, 2002.
  • CARNEGIE, Dale. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Trad. de Fernando Tude de Souza. Rev. por José Antonio Arantes de acordo com a edição americana de 1981 aumentada por Dorothy Carnegie. 51. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003.
  • CARVALHO, Salo de. A Política Criminal de Drogas no Brasil (Estudo Criminológico e Dogmático). 4. ed. ampl. e atual. e com comentários à Lei 11.343/06. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
  • CARVALHO, Salo de. Anti Manual de Criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
  • CARVALHO, Salo de. Crítica à Execução Penal - 2. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei nº 10.792/2003. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
  • CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Libertação. Trad. Sylvia Moretzsohn. Rio de Janeiro: Revan/ICC, 2005. (Pensamento criminológica; v. 10)
  • CERVINI, Raul. Os processos de descriminalização. 2. ed. rev. da tradução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
  • CHARAM, Isaac. O estupro e o assédio sexual: como não ser a próxima vítima. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Ventos, 1997.
  • COSTA, Yasmin Maria Rodrigues Madeira da. O Significado ideológico do sistema punitivo brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2005.
  • D'AVILA, Fabio Roberto; SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. Direito Penal Secundário: Estudos sobre Crimes Econômicos, Ambientais, Informática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
  • D'ELIA FILHO. Orlando Zaccone. Acionistas do Nada: quem são os traficantes de droga. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
  • DA ROSA, Alexandre Morais. Guia Compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
  • DA SILVA, Edimar Carmo; URANI, Marcelo Fernandez. Manual de Direito Processual Penal Acusatório. Curitiba: Juruá, 2013.
  • DE GIORGI, Alessandro. A miséria governada através do sistema penal. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2006. Coleção Criminológica n. 12.
  • DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
  • DIMOULIS, Dimitri. O caso dos denunciantes invejosos: introdução prática às relações entre direito, moral e justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
  • DOUGLAS, William. Como falar bem em público/ William Douglas, Ana Lúcia Spina, Rogério Sanches Cunha. São Paulo: Ediouro, 2008.
  • FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
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  • FERREIRA, Francisco Amado. Justiça Restaurativa: Natureza. Finalidades e Instrumentos. Coimbra: Coimbra, 2006.
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  • JUNIOR, Heitor Piedade. Vitimologia: evolução no tempo e no espaço. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993.
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  • MAZZILLI NETO, Ranieri. Os caminhos do Sistema Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
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  • MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado - Aspectos Gerais e Mecanismos Legais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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  • NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
  • NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
  • NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
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  • OLMO, Rosa. A América Latina e sua criminologia. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2004. Coleção Pensamento Criminológico n. 9.
  • PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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  • POLITO, Reinaldo. Oratória para advogados e estudantes de Direito. São Paulo: Saraiva, 2008.
  • POLITO, Reinaldo. Oratória para advogados e estudantes de Direito. São Paulo: Saraiva, 2008.
  • POLITO, Reinaldo. Superdicas para falar bem: em conversas e apresentações. São Paulo: Saraiva, 2005.
  • PORTO, Roberto. Crime Organizado e Sistema Prisional. São Paulo: Atlas, 2007.
  • PRADO, Luiz Regis. Bem Jurídico-Penal e Constituição. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
  • PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
  • Revista Visão Jurídica - Editora Escala (www.escala.com.br)
  • RODRIGUES, Anabela Miranda. A posição jurídica do recluso na execução da pena privativa de liberdade. São Paulo: IBCCRIM, 1999 (Monografias / IBCCRIM; 11)
  • ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo Jurídico e Controle de Constitucionalidade Material. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
  • ROSA, Alexandre Morais da. Introdução Crítica ao Ato Infracional - Princípios e Garantias Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
  • ROSA, Alexandre Morais da. Para um Processo Penal Democrático: Crítica à Metástase do Sistema de Controle Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
  • ROVINSKI, Sonia Liane Reichert. Dano Psíquico em Mulheres Vítima de Violência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
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