“La única víctima del derecho penal es el imputado”

Crítico del derecho penal, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, Pavarini sostiene que en todo el mundo las penas están dirigidas al control social de los más pobres.

–¿Por qué cree que en forma universal se tiene el concepto del castigo penal?

–Es una realidad que se construye a través de la mirada del derecho penal y que entonces utiliza las cadenas de respuesta del derecho penal. Si usted construye una realidad al interior de la cual la única respuesta posible al delito es la pena, claro que la gente quiere penas si hay delito. Por lo tanto, es difícil cambiar ideas o producir hechos que puedan cambiar ideas. Muy difícil. Pero éste es el papel de la política, si no tiene esa capacidad, no entiendo por qué se dice que es un arte. Claro que los políticos entendían que por ejemplo la alarma social, el pánico social, no están relacionados con la criminalidad. Eso lo entienden. El miedo social en Bolonia es exactamente igual que en Buenos Aires, Lima o Medellín. Podemos imaginar que el riesgo subjetivo de sufrir un delito es distinto, pero el miedo es lo mismo. El pánico social no se relaciona de ninguna manera con la criminalidad. Se vincula con otras cosas, con la crisis económica, con la crisis del estado de bienestar, con la producción en general de la inseguridad. Hay que decir que la inseguridad política social se convierte en inseguridad de la criminalidad. En el Primer Mundo, la crisis económica, que se relaciona con la crisis del estado de bienestar, se convirtió en fenómenos que están determinando mucho miedo social.

–Previamente a la crisis del estado de bienestar, la noción de pánico social ¿era menor que la actual?

–Sí, sí, era mucho menor, había otros paradigmas, que decían que la desviación es un producto de algunas contradicciones sociales que necesitan tener políticas que van a resolver problemas. Son enfoques optimistas sobre la realidad.

–¿Un mismo discurso pero más optimista?

–Sí, en este momento, como dice el criminólogo inglés Chuck Young, la sociedad está enferma de anorexia. Antes era bulímica, porque se pensaba que se podía incluir todo, desviados, inmigrantes, enfermos mentales, tan optimista que pretendía comer todo, así se le transforma el cuerpo. Al contrario, ahora es una política anoréxica, que expulsa todo lo que es distinto. La sociedad europea no tiene ninguna política de inclusión social. Sólo excluir, lo que significa usar el derecho penal, el arma a través de la cual se puede poner en práctica esta política. Es el derecho penal no liberal, el derecho penal administrativo como medida de prevención: en Europa funciona la detención administrativa del inmigrante, sin hábeas corpus, sin determinación de la acusación. Es un regreso al derecho penal preliberal. Estas cárceles (se refiere a los centros de detención de inmigrantes en Europa) son lugares de detención peores que las cárceles porque no están a derecho. Es la utilización del derecho penal administrativo, no liberal, los enemigos no tienen derecho, no son personas. En mi vida pensé ver estas cosas en Europa. Nunca lo pensé posible.

–Mencionaba el papel de los políticos... ¿cuál cree que es el de los investigadores, los científicos?

–Creo que es entender qué es lo que está pasando, entenderlo críticamente. ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil decir qué se puede hacer. Claro, necesita tener fuerzas suficientes para deconstruir y construir de una manera diferente. Pero esto es un problema político, siempre entendí que ése es el papel de la política, modificar la realidad. Pero si no tiene esa capacidad no entiendo por qué dicen que la política es el arte de modificar la realidad. Mire, si es política responder a la demanda social de la gente sin cambiar la realidad, claro que no será posible distinguir la derecha de la izquierda, una fuerza progresista de una fascista. Son todos iguales. Pienso que el papel histórico de los partidos de la izquierda democrática es tener una idea de cambio social...

–¿Y qué cambios haría...?

–Por ejemplo, nosotros sabemos que la criminalización no puede tener ningún éxito en reducir la criminalidad, esto es una coincidencia de todos los investigadores del mundo. En ese sentido, la pena no es útil. La criminalidad, si existe como noción, no se reduce a través del derecho penal. Sabemos que el derecho penal es sufrimiento, es dolor. Un instrumento que ocasiona sufrimiento en la sociedad debe ser reducido a su expresión mínima. No estoy diciendo que sea posible en lo pronto tener una idea de control social sin penas, pero se puede decir que, al final, las cárceles buscan un papel prácticamente simbólico, mandar algunos ladrones a la cárcel. Pero algunos quiere decir poquísimos. Ahora está pasando exactamente lo contrario, es terrible. Podemos decir cualquier cosa sobre la criminalidad, pero hoy en día es una penalidad supina. Estados Unidos en tres décadas multiplicó por siete la población carcelaria, tenía menos del 113 por cien mil habitantes y ahora tiene más de 800. Una estadística más cercana, de Brasil, tenía 45 por cada cien mil habitantes en 1995; ahora tiene 200, 200 y pico, multiplicó por seis.

–¿Qué resolvió...?

–Nada, hay mucha gente en la cárcel. Quiere decir que está sufriendo más gente, y siempre son los delincuentes pobres, los locos, los que son criminalizados. Me parece una perspectiva digna reducir la violencia. Pero, primero, hay que reducir la violencia de la reacción penal, la violencia institucional que es terrible, mucho más terrible que la criminalidad, no se las puede comparar. Si vamos a reducirla, no se lo puede hacer en abstracto. Se necesita construir una realidad social en la cual haya gente que pueda pensar que sí se puede reducir. Si no se tiene esta capacidad, es imposible. Ningún partido político lo podría hacer, sin que se transforme la realidad y se pueda pensar como posible la reducción, porque nadie apoyaría a ese partido. No se pueden decir cosas de esta calidad hoy. Lo puedo decir yo que no tengo cargo político, pero un político que reúna a la sociedad y le diga que “la criminalidad no existe, vamos a reducir...”, claro, sería un loco (risas). El político tiene que buscar una idea para transformar la cultura, y en ese sentido es muy importante la función de los mass media. Los mass media van reproduciendo. Yo no pienso que los mass media construyan la realidad, la realidad no se puede construir a través de la comunicación, pero se puede amplificar, reducir, orientar. Si en la televisión el 45 por ciento del tiempo pasan noticias de crímenes, la gente piensa que la van a matar...

–En estos días se hizo énfasis en el caso de un joven que está preso porque mató a su novia y tiene salidas transitorias. La familia de la víctima salió a reclamar a los medios pese a que él cumplió lo que indicaban los jueces.

–Tiene un ejemplo, Noruega, un país pequeño que tiene una resistencia a esta locura. Un periodista pregunta qué van a hacer con este chico (caso Breivik), y le dicen vamos a tener un proceso normal. En un modelo inclusivo, si tenemos medida para readaptar a este chico a la vida normal, en cinco o seis años sale de la cárcel. ¿Por qué no?

–Sale de la cárcel y va a tener familiares y periodistas encima...

–Mire, el derecho penal no tiene ninguna relación con la víctima. Ese es el tema. Si sale del proceso penal, es una historia larga y difícil a entender, pero el tema es cómo vamos a limitar la violencia del Estado, ése es el tema del derecho penal. La víctima tiene derecho a muchísimas cosas, a una indemnización social, a la ayuda, a todo. Pero no a ser actor del drama del derecho penal. La única víctima del derecho penal es el imputado. No puedo imaginar 25 o 30 años atrás en Italia, en Europa, a un periodista preguntar a la víctima “¿le gusta esta ley?”. Ahora pasa.

–¿Casi un acto reflejo?

–Ahora cualquier partido político que tiene la idea de producir una nueva ley, consulta a la opinión pública si le gusta o no le gusta, y claro que la víctima es a la primera persona que se puede preguntar. La víctima no puede buscar un papel al interior del proceso penal y tampoco satisfacción. La satisfacción de la víctima sería un derecho penal brutal. Se puede demostrar que la víctima no tiene una idea vindicativa. Por ejemplo, la víctima del hecho terrorista, en un primer momento reacciona muy duramente, quiere justicia, más penalidad. Pero si la víctima puede buscar algunas satisfacciones que son no sólo materiales, no se transforma en un actor vindicativo. Muchos amigos y parientes de víctimas en Italia, después de años, no son más portadores de reclamos de penalidad. Tienen otro problema, entender por qué pasó esto, el tema de la memoria histórica, quiénes son los responsables. Dar memoria histórica no es buscar penalidad. En Italia, hay grupos organizados, en general víctimas del terrorismo de Estado, que intentan buscar no al culpable para castigarlo sino para saber la verdad, para saber quiénes son los responsables, qué pasó, más o menos como acá las víctimas de la dictadura.

–La cuestión penal no resuelve entonces...

–No, a los cinco minutos, la víctima se da cuenta de que no le resuelve. Sí habrá una medida por el resarcimiento del daño, pero en el estado de bienestar no hace falta vincularlo al derecho penal. Tiene derecho la víctima del acto delictivo a recibir ayuda del Estado, no del delincuente, porque el Estado no garantizó la seguridad ciudadana.

–Aparece la institución cárcel.

–La cárcel nació en un momento histórico, no tiene más que dos siglos tal como la conocemos. Como las instituciones que nacieron, también pueden morir. La cárcel es un instrumento. Alrededor de ella hay una idea inicial que fracasó. La cuadratura del círculo, puede hacer cualquier cosa, puede readaptar, no es violenta. La cárcel tiene una retórica. Bueno, los penalistas dicen que la cárcel es una mierda, una cloaca, la última pena. En verdad es una pena corporal, no es una pena del espíritu como dicen los filósofos, es una pena corporal, se come mal, te pueden enfermar, te pueden golpear, te pueden matar, aquí y en todo el mundo. Es una pena contraria al sentimiento de humanidad.

–Sin embargo, una parte de la sociedad prefiere decir “que se pudran en la cárcel”.

–No conocen la cárcel. Si la conocieran realmente no creo que lo pudieran decir. El riesgo de un suicidio de una persona que está en la cárcel es 15 veces superior que fuera, el riesgo de contraer sida en la cárcel es 46 veces superior que en la sociedad civil. Se decía lo mismo del manicomio. No produce salud sino enfermedad mental. En Italia, después de la ley Bassaglia, se cerraron todos los manicomios, la gente sale de la clínica como quien sale de cualquier clínica después de tener una internación.

–Y no se vino abajo el mundo.

–No, claro, pero antes de esta ley, 200 mil personas estaban encerradas en Italia en los manicomios, y ahora no hay nadie. Despues de 20 años, se tiene fe en esta medida. Bien, yo creo que si tenemos los locos al exterior podemos tener también a los criminales, no es un problema de seguridad. En el tema de la salud mental, en ese momento más progresista, gente como Bassaglia tuvo la capacidad política de negar la peligrosidad de la locura, que los locos no son más peligrosos que cualquier persona. Y nosotros tenemos la misma idea con los llamados criminales. No es un problema de peligrosidad. Claro que si la gente piensa que la única manera de defenderse es encerrar gente en la cárcel es porque no tiene la capacidad de deconstruir esta idea y construirla de manera distinta.

–Usted señala que el derecho penal está dirigido...

–Los clientes del derecho penal son primero varones; segundo, jóvenes de los grupos marginales, negros, hispanoparlantes. En las cárceles de Estados Unidos son más del 60 por ciento. Si vamos a contar a los hispanoparlantes, jóvenes y negros, no son 300 millones (la población de Estados Unidos).

–¿Y en ese segmento como es la tasa?

–Los negros tienen el 50 por ciento de probabilidades en su vida de caer en la cárcel. Hay más negros en la cárcel que en la escuela secundaria. El derecho penal tiene relación con 200 mil habitantes, con los lumpen, y los lumpen no son 300 millones. Si los jóvenes son 10 millones, 2,5 millones están en la cárcel y a través de esa medida penal, probation, todas esas medidas, puedo controlar a cinco o seis millones de personas.

–¿Cómo se resolvería sin el derecho penal?

–El derecho penal, en realidad tiene como sentido dar un mensaje a los pobres. Usted está corriendo riesgo de convertirse en lumpen. El mensaje del derecho penal no es un mensaje que se difunda a toda la sociedad. Es un mensaje que se dirige a aquellos que corren riesgo de pasar de la pobreza a lo lumpen. Lo hace con un mensaje de terror. “Este es el parque, a la derecha puedes sobrevivir, marginado socialmente, económicamente, pero puedes sobrevivir. Debajo de esto te puedo destruir.” El derecho penal no tiene otro papel. Es un problema de construcción social.

horaciolqt@yahoo.com.ar
Página 12. 26.09.2011.

Suzane Richthofen mostrou que vivemos em uma sociedade vingativa e violenta

Por Euro Bento Maciel Filho

Desde que o homem passou a viver em sociedade, o crime, entendido como um fenômeno social, sempre o acompanhou. Lamentavelmente, a evolução da humanidade sempre esteve acompanhada pela prática de crimes. Porém, da mesma forma que o crime acompanha o homem desde priscas épocas, a melhor forma de combatê-lo e puni-lo também é uma questão que nos atormenta há séculos.

Logo no início da história da humanidade, vigorava o sistema da chamada “vingança privada desordenada”, no qual o particular retribuía a agressão sofrida da forma que bem entendesse e sem nenhuma preocupação com a “proporcionalidade”. Evidentemente, era uma época em que não existiam leis escritas aptas a regular a aplicação das penas, de tal forma que cada um fazia a “justiça pelas próprias mãos”.

Com o desenvolvimento das sociedades, leis absolutamente primárias foram surgindo. Um importante avanço se deu com a Lei de Talião (“olho por olho, dente por dente”), que acabou sendo adotada por diversos povos antigos. Evidentemente, a Lei de Talião não era a ideal, porém, pela primeira vez na história, as punições aplicadas passaram a ter uma (vaga) ideia de proporcionalidade entre o crime praticado e o devido revide (pena).

Aos poucos, a sanção penal, que sempre teve um viés retributivo, passou a ostentar, também, a finalidade de servir como exemplo aos demais membros da sociedade, para se evitar a prática reiterada de crimes (função preventiva).

A partir de então, penas extremamente severas passaram a ser aplicadas, justamente para incutir no corpo social o temor de ser punido. O período da “Santa Inquisição” (quando o crime se confundia com o pecado) e o dos reis absolutistas (quando as punições eram aplicadas segundo o critério subjetivo do Monarca) são bons exemplos dessa época de terror, cuja preocupação maior era, apenas, impingir o máximo de sofrimento físico e mental ao agente, sem qualquer preocupação com proporcionalidade. Até então, é bom dizer, as penas comumente aplicadas eram as de “suplícios”, “torturas”, “degredo” e, claro, morte. A segregação cautelar (prisão) não era vista como pena, mas sim, e apenas, como forma de manter segregado o criminoso até o efetivo cumprimento da sentença.

Com a Revolução Francesa, a época das atrocidades punitivas teve um fim. As leis passaram a ser escritas, reunidas em codificações “modernas”, cujos preceitos se inspiravam nos ideais iluministas (“legalidade, fraternidade, igualdade”), vale dizer, os mesmos que tinham acarretado o fim do antigo regime. E, aos poucos, as sanções penais passaram a ter uma terceira, e relevantíssima, função, qual seja, a de ressocializar o criminoso. Foi nesse momento, então, que a prisão passou a ser entendida como a principal forma de punição.

Estabeleceu-se a ideia, portanto, de que a sanção penal, além de retributiva e preventiva,  também deveria servir à recuperação do agente, ou seja, o período durante o qual o agente estivesse cumprindo a sanção deveria servir para recuperá-lo, fazê-lo pensar no mal que praticou.

E, de fato, assim é que deve ser. A pena não pode ser entendida como uma forma de “tortura” imposta ao criminoso, mas sim, e principalmente, como uma punição proporcional ao mal praticado, necessária para a readequação do agente ao saudável convívio em sociedade.

Não é um exagerado rigor no cumprimento da pena que irá proporcionar uma ressocialização mais, ou menos, eficiente. Ou seja, não é preciso impor um sofrimento exagerado ao condenado para que a pena seja cumprida.

Evoluímos, ainda bem. Hoje temos um Direito Penal mais humano, justo e preocupado com a dignidade da pessoa humana.

Será mesmo?

Recentemente, seja em razão da notícia de que a cidadã Suzane von Richthofen iria progredir ao regime semiaberto, seja por conta da prisão do ex-médico Roger Abdelmassih, boa parte da nossa sociedade deu claras mostras que, além de ser vingativa, também defende, sem qualquer pudor, a ideia de que presos sejam submetidos a condições degradantes e desumanas, como forma de expiar a pena. Alguns até voltaram a bradar pela aplicação das penas perpétua e de morte.

Lamentavelmente, para muitos, o autor de crimes graves deveria pagar pelos seus delitos da pior forma possível, ou, no mínimo, com intenso “sofrimento”.

De efeito, de um lado, muitos mostraram indignação com o fato da cidadã Suzane von Richthofen ter obtido o direito de progredir ao regime semiaberto. De outro, muitos desejam que o ex-médico permaneça na cadeia, indefinidamente.

Porém, para estes mais radicais, é preciso lembrar que o nosso Direito, acertadamente, não prevê a pena de morte e nem, tampouco, a pena perpétua. O nosso sistema penal adotou, expressamente, o chamado sistema progressivo, por meio do qual o agente, a partir dos seus méritos e do seu comportamento carcerário, progride, pouco a pouco, de um regime mais duro para outro mais brando até alcançar a liberdade.

Notem bem: o modelo de cumprimento progressivo da pena está diretamente ligado à função ressocializadora da sanção penal. Paulatinamente, conforme o condenado vai dando mostras claras e evidentes de “recuperação”, ele adquire o direito de descontar a sua pena em um regime menos rigoroso, com menor vigilância do Estado. E isso vale para todo e qualquer preso, independentemente do crime que tenha cometido.

Na situação específica do ex-médico Roger Abdelmassih, seja em razão da sua idade já avançada, seja por conta da pena extremamente alta que lhe foi aplicada, é bem capaz que ele permaneça preso, em regime fechado, até o final dos seus dias (sempre lembrando que ele irá cumprir 30 anos preso, no máximo).

Já no que diz respeito ao caso específico da Suzane, é importante mencionar, desde logo, que, ao menos segundo a letra fria da lei, ela tem o direito de progredir de regime já há muito tempo. A sua manutenção no regime fechado até agora, embora justificada em laudos psicológicos eminentemente subjetivos e de técnica ultrapassada, já estava à beira do abuso e da arbitrariedade.

Queiram ou não, ela preencheu os requisitos legais e fazia por merecer, sim, a progressão ao regime semiaberto.

Nesse ponto, a forma sensacionalista com que certa parte da mídia tratou da questão foi, sem dúvida, algo desumano e altamente covarde. Ora, passados mais de 12 anos desde o fato criminoso, o que está hoje em jogo não é mais a gravidade do crime por ela cometido. Com relação aos delitos, ela já foi processada, julgada e condenada, ou seja, a Justiça já se manifestou a respeito e aplicou a lei como deveria.

A questão, agora, era bem outra.

Por qual razão ela não poderia progredir ao semiaberto? Ora, se ela cumpre com os requisitos legais, é evidente que a progressão não pode ser obstada. Dir-se-á pelas ruas que a nossa lei é fraca, já que, de uma pena superior a 30 anos, ela cumpriu apenas 12 “atrás das grades” e, doravante, estará no regime mais brando.

Mas, como já dito antes, a nossa legislação penal adotou o sistema progressivo de cumprimento de pena. Logo, não é permitido ao Estado manter, indefinidamente, um preso em regime fechado. A progressão de regimes é um direito previsto em lei e, como tal, deve ser garantido pelo Poder Judiciário. De mais a mais, engana-se quem pensa que o regime semiaberto equivale à plena liberdade. Muito pelo contrário! Tanto o regime semiaberto quanto o aberto são “etapas” do cumprimento da pena privativa de liberdade. Ou seja, tanto está preso aquele que desconta a pena em regime fechado como aquele que está no semiaberto ou aberto.

Contudo, de repente, a discussão em torno da gradativa reinclusão de Suzane ao meio social perdeu espaço, arrefeceu, minguou. E tudo porque, para surpresa e espanto geral, a própria Suzane redigiu um texto para solicitar ao Poder Judiciário a sua permanência no regime fechado; o que acabou sendo deferido pelo magistrado.

E, pasmem! A principal justificativa dada por Suzane para permanecer no regime fechado foi a manutenção da sua própria segurança, ou seja, ciente de que vivemos em uma sociedade vingativa e violenta, ela, até outro dia considerada como a mais perigosa das criminosas, preferiu justamente para se proteger de quem está do lado de fora, isto é, de nós, supostos cidadãos de bem.

Isso só vem a mostrar a total inversão de valores em que vivemos.

Essa decisão de Suzane, inédita e surpreendente, deixa claro que, como bem preceitua o ditado popular, vivemos num mundo tão louco, vingativo e desordenado a ponto de se poder afirmar que, de fato, já há “banana comendo macaco”.

Euro Bento Maciel Filho é advogado criminalista, mestre em Direto Penal pela PUC-SP e sócio do escritório Euro Filho Advogados Associados.

Revista Consultor Jurídico, 1 de setembro de 2014.

Quanto mais presos, maior o lucro

Sistema prisional à margem do debate

Candidatos ao governo precisam ir além da construção de presídios e fazer uma discussão aprofundada sobre o tema, considerado antipopular

Cinco mortos, sendo dois decapitados. Esse foi o resultado de uma das piores rebeliões prisionais do Paraná, ocorrida na Penitenciária Estadual de Cascavel, que terminou na terça-feira após 44 horas de negociação. Situações de extremo conflito que chocam a população, mas não são temas prioritários nas campanhas estaduais. Apesar de aparecer junto às propostas de segurança pública, a discussão efetiva em torno do sistema penitenciário é antipopular, afirmam especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo. O desafio dos candidatos ao governo do estado é avançar à tradicional política de ampliação de vagas e construção de penitenciárias, comumente mais simpática à maioria dos eleitores.

A urgência no debate levou um grupo de especialistas a elaborar uma agenda, com seis propostas prioritárias. Entre elas estão a modernização da política criminal e penitenciária através da ampliação do acesso à Justiça, aprimoramento do sistema e priorização de penas alternativas para crimes de menor gravidade.

Embora a discussão do sistema penitenciário vá além do poder concedido aos estados, o coordenador de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani, aponta diversas medidas normalmente pouco presentes nos planos de governo consideradas necessárias e eficientes. “Com a política de construção de presídios, percebemos que se dobrarmos o número de penitenciárias, dobrarão o número de presos. Então propor medidas efetivas para o sistema vai muito além disso. Os governantes precisam romper com essa cultura”, diz.

Os especialistas defendem, por exemplo, o fortalecimento da Defensoria Pública, a qualificação do corpo técnico que atua no sistema prisional, mecanismos para monitorar a qualidade das prisões e a construção de unidades de regime semiaberto e aberto.

Pacto

O jurista Luiz Flávio Go­­mes, especialista em segu­­rança pública, afirma que o futuro governador deve fazer um pacto com o Judiciário, Ministério Público e polícias para tentar convencer a sociedade de que a política penitenciária está errada. “Falar em pena alternativa é uma medida antipopular, mas extremamente racional. A concepção popular é de cadeia para todos”, diz.

O professor de Direito Penal da Unicuritiba Murilo Lopes Buchmann, ex-diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, pondera e diz que a curto prazo a política de construção de vagas é uma solução viável, já que desafoga os presídios existentes. Ele destaca, porém, que a longo prazo é uma ação danosa já que pouco recupera quem cai no sistema.

Zerar o número de presos em DPs é o desafio

O próximo governador terá como desafio administrar a quinta maior população carcerária do Brasil. Do total de presos no estado, 19.634 estão em unidades penais e outros 9.089 em delegacias. Uma das principais bandeiras de Beto Richa (PSDB) era zerar o número de presos nas delegacias. Segundo dados da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o governador conseguiu diminuir em 44% a quantidade de detentos em DPs. Hoje, das 241 carceragens, 172 estão ocupadas.

Em dezembro de 2010, último mês do governo de Roberto Requião (PMDB), eram 16.205 detentos em delegacias. No governo dele foram construídas 12 penitenciárias no Paraná. O país vivia um momento de expansão de vagas no sistema e o estado foi um grande beneficiado. Em 2003, quando Requião assumiu o governo, havia 6,5 mil vagas em penitenciárias do Paraná. Ao fim de 2009, o número saltou para 14,5 mil.

Em 2013, o governo federal anunciou R$ 128 milhões de investimento ao estado através do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Os recursos foram destinados à reestruturação e construção de 20 unidades em sete municípios, com 6,6 mil novas vagas.

Propostas para o sistema prisional do Paraná:

Beto Richa (PSDB)

• Zerar o número de presos nas delegacias.

• Fortalecer as atividades entre as secretarias de Segurança Pública e da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para lidar com questões da superpopulação carcerária, principalmente quanto à responsabilidade pela guarda e custódia de presos.

• Concurso público para contratação de mais agentes penitenciários e servidores, pessoal administrativo, assistentes sociais e profissionais da área de saúde.

• Ampliação e construção de 20 obras prisionais, que abrirão 6.670 novas vagas.

Roberto Requião (PMDB)

• Ampliar as vagas e construir mais penitenciárias.

• Manter o investimento constante no sistema penitenciário.

• Apoiar a revisão das penas dos presos.

• Dar condições dignas aos detentos com tratamento de saúde adequado e atividades laborais durante o período da pena.

• Novos agentes penitenciários concursados com bons salários.

Gleisi Hoffmann (PT)

• Ampliação do sistema penitenciário com a construção de mais unidades prisionais para a abertura de novas vagas nos presídios.

• Implantar unidades menores, semiautomatizadas e melhor distribuídas no estado, para que os detentos de baixa periculosidade fiquem próximos às suas famílias.

• Garantir que as unidades tenham condições dignas de saúde, segurança, saúde, higiene e alimentação.

• Estimular e apoiar as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados.

• Implementar efetivamente o sistema de monitoramento eletrônico.

• Classificar e separar os internos conforme idade (adolescentes), situação penal, antecedentes criminais e periculosidade, de forma a permitir que o processo de cumprimento da pena, de socioeducação e de ressocialização seja adequado ao perfil do detento.

• Dar condições de trabalho aos agentes penitenciários e garantir número adequado de profissionais nos presídios.

Fonte: Gazeta do Povo. 30.08.2014.

Monitoramento eletrônico pode evitar novos crimes sexuais

Por Paulo José Iasz de Morais

[Artigo originalmente publicado no site do jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (29/8)]

As tecnologias do controle do monitoramento eletrônico, em que é possível localizar geograficamente alguém que cometeu delito, estão evoluindo. Atualmente, elas podem ser dividas em primeira, segunda e terceira geração.

O controle de primeira geração é aplicado no caso de prisão domiciliar. Serve para detectar a presença de alguém em determinado local mediante a implantação de um transmissor acoplado ao corpo.

O modelo de segunda geração ou de controle móvel (tracking), implantado inicialmente nos Estados Unidos, em 2000, permite o monitoramento continuado dos movimentos de uma pessoa mediante o uso da rede de satélites GPS (do inglês sistema de posicionamento global). Possibilita a identificação do "ponto exato" da pessoa monitorada.

Por último, há a tecnologia de terceira geração. Ela é feita por sistema GPS de permanência ou presença. Porém, agrega também a possibilidade de a central de vigilância receber informações psicológicas, frequência de pulsações, ritmo respiratório para medir o nível de agressividade de um delinquente violento, excitação sexual em caso de delinquentes sexuais, cleptomaníacos ou psicopatas.

Nos casos de crimes sexuais, por exemplo, alguns países têm se utilizado das tecnologias de terceira geração. A Califórnia, atualmente, usa a tecnologia GPS como uma ferramenta de supervisão para melhorar a segurança pública desde 2005. Atualmente, são monitorados cerca de 7 mil agressores sexuais na Califórnia. Há casos determinação de monitoramento eletrônico do agressor para o resto da sua vida.

O Estado é o primeiro a pensar na hipótese do monitoramento eletrônico do condenado quase que em caráter perpétuo como forma de controle, especialmente, para os autores do crime de pedofilia. Talvez, essa seja um extremo absurdo, mas hoje uma realidade para os casos de reincidência naquele país. Mas é preciso lembrar que, juntamente com a inovação, surge a questão da violação ou não do direito à intimidade.

Parte dos juristas entende que o monitoramento eletrônico para os sentenciados de crimes sexuais acaba por expor indevidamente os mesmos, uma vez que todos saberiam quem está cumprindo pena, o que acarretaria na violação do direito à intimidade.

Por outro lado, há quem defenda que nenhum direito é absoluto. Portanto, o risco ao direito à intimidade seria compensado pelos inúmeros benefícios que o monitoramento eletrônico traria para o apenado. Caso contrário, esse seria submetido a um sistema penal fadado ao fracasso, no qual em nada contribui para sua ressocialização, infringindo por diversas vezes o principio da dignidade humana e a humanização da pena.

Assim, é importante ressaltar que o monitoramento eletrônico sempre só será aplicado àquele réu ou sentenciado que expressamente concordar com o modelo e benefício. Também é válido lembrar que o sistema prisional, com toda a certeza, não é o melhor ambiente para o cumprimento da pena aplicada ao condenado, nem tampouco àquele que cumpre em caráter provisório, que, em muitos países, entre eles notadamente o Brasil, somente contribui para o aumento da criminalidade.

Desta forma, por mais que seja necessário proteger o direito à intimidade daqueles que foram ou são réus ou condenados pela Justiça Penal, certo é que a submissão de autores da infração penal ao monitoramento eletrônico deve ser entendida em seu benefício, mesmo que venha a causar pequenos transtornos. Para os crimes de natureza sexual, o monitoramento pode trazer enormes benefícios para o efetivo controle dos agressores.

Paulo José Iasz de Morais é advogado criminalista, presidente da Comissão de Estudos sobre o Monitoramento Eletrônico de Detentos da OAB-SP e autor do livro Monitoração Eletrônica, Probation e Paradigmas Penais.

Revista Consultor Jurídico, 29 de agosto de 2014.

Governador de São Paulo sanciona lei que proíbe uso de máscaras em protestos

Com a justificativa de preservar as "manifestações legítimas" de atos de depredação, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou a Lei 50/2014, que proíbe o uso de máscaras em manifestações populares, de acordo com o portal G1.

Sancionada na manhã desta sexta-feira (29/8), a lei agora depende de uma regulamentação para entrar em vigor, o que tem 180 dias para acontecer. Segundo Alckmin, serão ouvidos a Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade civil e outros poderes para se preparar uma “boa regulamentação". De autoria do deputado Campos Machado (PTB), a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, em regime de urgência, no dia 3 de julho deste ano. 

As máscaras de proteção contra gás, normalmente utilizadas por jornalistas que trabalham na cobertura dos protestos, não devem ser banidas. De acordo com o governador, a regulamentação vai acertar os detalhes sobre as proibições.

A lei, que não é criminal, também depende da regulamentação para decidir como será o procedimento de punição para quem estiver de máscara em manifestação. “A lei não estabelece crime. Ela estabelece que não pode usar máscara. Então, se alguém usar máscara, você pede para tirar. E se não tirar? Isso é a regulamentação que vai disciplinar”, completou o governador.

Direitos humanos

O texto sancionado foi considerado inconstitucional pela ONG de direitos humanos Conectas, ligada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Segundo a organização, ele cerceia o direito ao protesto previsto no artigo 5º da Constituição.

Atualmente, de acordo com a ONG, a Constituição Federal já determina que qualquer protesto deve ser informado às "autoridades competentes", mas não especifica quais. “A sanção do PL é exemplo de uma das mais graves contradições do Estado: age com extrema eficiência para reprimir e suprimir direitos, mas é incapaz de apurar e admitir as próprias violações”, afirmou Rafael Custódio, coordenador do programa de Justiça da Conectas.

Para a ONG, a disposição contra o uso de máscaras também indica que o estado de São Paulo vê os manifestantes como potenciais criminosos.

Revista Consultor Jurídico, 30 de agosto de 2014.

Leitura do contexto é vantagem competitiva no jogo processual

Alexandre Morais da Rosa

Compreender o processo penal a partir da teoria dos jogos como é a proposta do Guia Compacto do Processo Penal implica em reconhecer que não se trata exclusivamente de racionalidade. A incerteza e a surpresa das variáveis orgânicas, pessoais/teóricas e contextuais devem ser consideradas no momento de se estabelecer as expectativas de comportamento. Assim é que decorar as regras do jogo processual não qualifica o jogador como exímio, embora seja condição de possibilidade. É preciso dominar novos instrumentos, conceitos e categorias. E no processo penal brasileiro não existem, sequer, regras compartilhadas, em face das diversas leituras (in)autênticas do sistema processual. Por isso, além de conhecer a normatividade, o bom jogador precisa dominar os sentidos já dados e saber jogar. É preciso ampliar os horizontes e dominar novas maneiras de inovar, argumentar, enfim, não pode se entregar à mesmice. É preciso angariar o máximo de informações sobre as variáveis orgânicas, pessoais/teóricas e contextuais dos jogadores, julgadores e do lugar e tempo da partida processual, especialmente dos jogadores diretos (acusação, assistente da acusação, defesa e julgador) e dos indiretos (mídia, grupos de pressão, etc.). O contexto do processo penal singular, ou seja, da partida processual que está em foco, é único. Pode ser influenciada por rodadas processuais anteriores (rivalidade entre os jogadores). Todavia, como partida, será única. Daí que conhecer o passado pode ser importante, mas não é suficiente. O evento processual único é irrepetível (na maioria das vezes) e, portanto, quanto mais se estiver preparado (munido das informações), melhor pode ser o êxito. A verdade processual será cons truída a partir de contingências. Melhor dizendo: de acasos. Pode chocar um pouco essa afirmação. Quem sabe com o tempo o leitor possa se acostumar com as variáveis, categorias que compõem uma decisão judicial. Pode-se pensar numa decisão penal idealizada, proferida por um julgador situado no plano teórico e com jogadores éticos e cumpridores das normas. Essa visão idealizada, todavia, pode ser encontrada em diversos manuais da graduação. A proposta lançada no Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos é um pouco mais complexa. O modo pelo qual se produz uma decisão é ensinado a partir de uma indução fática, acrescida de uma dedução normativa e, por fim, por uma inferência prática, a ser aplicada no mundo da vida. Esse modelo pressupõe a uniformidade ideológica, teórica, social, recompensas, dentre outros fatores, dos participantes da partida processual. Daí que é preciso aterrar a distinção e trazer a decisão aos fatores reais em que o acontecimento hermenêutico se dá. O modelo padrão pode funcionar imaginariamente e se desfaz na primeira partida em que se ocupa uma das posições processuais, uma vez que o perfil e motivação dos intervenientes não pode ser dado a priori. É preciso um cotejo preliminar e/ou no decorrer da partida para que, então, possa-se perceber as motivações e, fundamentalmente, as recompensas de cada um dos jogadores e do julgador. O jogo processual penal possui um coeficiente de sorte e de assunção de riscos, de aposta, de tática e estratégia. O resultado é um evento semântico no tempo e no espaço, com personagens portadores de um lugar no mundo. São pessoas de carne e osso que ocupam os lugares e a aproximação delas pode (e na maioria dos casos é) ser inautêntica. A noção de autenticidade ou não da decisão e do jogo processual pode ser lida a partir da Hermenêutica Filosófica. Ou seja, uma decisão judicial deveria atender ao modelo de coerência e integridade do sistema jurídico, em face de sua autonomia, não se perdendo em pré-conceitos e pré-juízos pessoais. Entretanto, justamente pela crítica empreendida por Lenio Luiz Streck no sentido de que as decisões judiciais são inautênticas, na sua ampla maioria, esse texto, em reconhecendo o fato, promove uma trajetória de enfrentamento. Pode-se pensar e defender decisões autênticas. Enquanto isso não acontece devemos nos preparar para um jogo processual inautêntico. Parte-se dessa constatação: o senso comum teórico (Warat) opera inautenticamente. Daí que se deve preparar e, quem sabe, responder melhor a um jogo muit as vezes viciado. É preciso entender, desde o início, que no jogo processual não se joga sozinho, mas interagindo-se com jogadores (diretos e indiretos) e com o julgador, todos com as suas regras de bolso, e buscar entender quais as normas daquele jogo, no tempo e no espaço, bem assim as recompensas que cada um busca. Por isso aprender a ler corretamente o contexto, o ambiente, as motivações, pode auxiliar a compreender melhor o jogo e realinhar a estratégia. O processo penal pressupõe certa capacidade de leitura das pessoas e suas motivações, domínio da teoria da tomada de decisão do julgador (o qual se pretende capturar o sentido, em todas as instâncias possíveis), aprender a calcular os riscos das táticas e manter o foco na estratégia de conteúdo variado. Joga-se com blefes, trunfos e time. Se o leitor quiser buscar ampliar as possibilidades deve ficar atento às novas teorias, tendências da jurisprudência, pressões de gestão de processos dos julgadores e jogadores, avaliando as oportunidades processuais. A habilidade de obtenção de informações e sua utilização podem ser inatas. Mesmo assim a compreensão adequada do modo em que o jogo se reproduz auxilia na obtenção de resultados mais favoráveis. De qualquer forma, tanto na perspectiva dos jogadores, quanto na dos julgadores, adiante todos considerados jogadores latu senso, o domínio de uma nova grelha teórica (teoria dos jogos) e treinamento, podem auxiliar no resultado pretendido, conforme Gregorio Robles. É preciso dominar teoricamente os espaços em que as oportunidades de captura psíquica dos intervenientes do jogo singular. Isso pressupõe dedicação e certo talento para que o raciocínio possa se ampliar e a tomada de decisões sob pressão aconteça mitigando-se o coeficiente emocional. A preparação para o jogo processual e suas diversas possibilidades antecipa os caminhos e auxilia na tomada de decisões durante a partida. No jogo processual, entendido a partir da metáfora da guerra, existem diversas batalhas. Compreender que se pode ou será necessário perder-se algumas das batalhas sem que a vitória final seja perdida, implica em reconhecer que o jogo processual possui a incerteza como mote. Até o trânsito em julgado pode acontecer um giro de sentido. Caso o leitor não concorde, fique livre para não acolher a perspectiva da teoria dos jogos. A angústia de um jogo manipulado, incontrolável pela autonomia do Direito, em que diversas variáveis roubam a cena decisória será o que se pretende apresentar. Deslocando-se as lentes, quem sabe, sob novas coordenadas simbólicas, poderá ver que no jogo processual é preciso dominar as regras do jogo, o contexto da partida e as possibilidades de compreensão dos jogadores. Para além da autonomia do Direito, a cultura (jurídico e social) dos ocupantes dos lugares no processo penal (jogadores e julgadores), o espaço físico em que ocupam, no tempo, influenciam as tomadas de decisão. Há sempre um sujeito que interage com o significado do ato e o contexto da decisão. Daí ser multifatorial o mapa de uma decisão judicial, com fatores biológicos, psicológicos, sociais e econômicos, os quais operam no acontecer decisório (Marrafon). E essas variáveis interagem e se influenciam. Pode-se, assim, antecipar as expectativas de comportamento dos sujeitos (reais) intervenientes nas decisões. A ideia é adquirir novas competências e não ter a decisão como uma surpresa, a partir de padrões de comportamento plenamente disponíveis. Daí que a teoria dos jogos pode ser um aliado na compreensão da decisã o no processo penal. E no caso penal, são jogos mortais. * Alexandre Morais da Rosa é juiz em Santa Catarina, doutor em Direito pela UFPR e professor de Processo Penal na UFSC. Conjur. 29.08.2014.