Posted: 02 Dec 2013 05:33 AM PST
Con las últimas reformas del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ordenanzas Cívicas en algunos ayuntamientos y todo el elenco legal disponible se empeñan en vendernos que así conseguiremos prevenir la delincuencia. Mi contribución en estas líneas será explicar por qué no va a funcionar y comentar brevemente qué es lo que se ha demostrado que puede funcionar desde el conocimiento de la Criminología.
En primer lugar, ¿por qué no funciona el endurecimiento de las penas?. No funciona porque el nivel de detección del sistema penal no llega al 50% de los hechos delictivos que se producen, el aumento de los efectivos policiales, el endurecimiento de las penas, no es más que añadir una gota de agua a un cubo, como diría el profesor Marcus Felson de la Universidad de Texas State. Existen multitud de estudios en los que se ha comprobado como el aumento de efectivos policiales, por ejemplo, no incide en la reducción de la delincuencia, ni en el sentimiento de inseguridad, sí puede incidir en la mejora de la imagen de la policía. En España tenemos el ejemplo del estudio del profesor de la Universidad de Manchester, Juanjo Medina, que estudió la efectividad del Plan Belloch (para el aumento de la presencia del Cuerpo Nacional de Policía en las calles), encontrando que las personas no percibían una mayor seguridad, a pesar de conocer que estaba en marcha este plan por parte del Ministerio.
Otro ejemplo en el que no sabemos si estas medidas legales funcionan o no lo podemos encontrar en todas las medidas para la lucha contra la violencia contra la mujer; a día de hoy no sabemos si funciona o no funciona, porque no existen estudios rigurosos que traten este aspecto, ¿han disminuido las víctimas?, simplemente no lo sabemos. Tampoco sabemos si se ha conseguido una efectiva protección de las víctimas, debido a que los cambios legislativos no se han preocupado por concoer el fenómeno en profundidad.
Por último, no sabemos en España si la aplicación de las leyes consigue reducir la reincidencia, porque no existen estudios rigurosos al respecto y no existen realmente medidas alternativas a la prisión. En estudios internacionales, sí lo sabemos, sabemos qué medidas alternativas a las medidas privativas de libertad funcionan mejor en la mayoría de los casos, porque las prisiones extranjeras y españolas no están llenas de monstruos, más bien están llenas de marginalidad, el índice de homicidas o agresores sexuales es muy pequeño, al contrario de lo que las televisiones nos muestran.
En segundo lugar, ¿por qué no funciona la prevención de la delincuencia a través de leyes administrativas (Ordenanzas municipales, leyes de seguridad ciudadana)?, simplemente porque las sanciones que se puedan imponer a través de estas leyes no inciden en las causas de la delincuencia, o del desorden social, como últimamente gusta llamarlo. Lo que sí sabemos es que no existe una relación entre conductas incívicas y paso a la delincuencia. Otra razón estriba en el hecho que no se va a poder sancionar todas las conductas que se recogen en estas leyes, con lo que los ciudadanos percibirán que son leyes inespecíficas, que se aplican en casos aleatorios, y esta es la peor manera de aplicar una ley. Aunque en España nos empeñemos en utilizar este recurso fácil, sin pararnos, ni siquiera a evaluarlo, o a escuchar a expertos en esta materia.
Impulsar estas leyes imagino que es porque la sociedad lo demanda, pero en Criminología sabemos que la sociedad no demanda un aumento de las penas, lo que la sociedad demanda es una efectiva prevención de la delincuencia. Por ejemplo, se ha realizado un estudio en la Universidad de Girona, por parte del Profesor Daniel Varona, en el que se comprueba tras entrevistar a 800 personas, que si bien piensan que la delincuencia está en aumento, está descontrolada, y que la aplicación de las leyes son muy blandas por parte de los jueces, cuando se los pregunta por casos concretos, el ciudadano de a pie pone menos pena de la que se ha impuesto por los jueces; también los ciudadanos están a favor de la reeducación y de la prevención de la delincuencia, a través de la incidencia en sus causas. En definitiva, el estudio concluye que existe un doble desconocimiento: los ciudadanos desconocen la realidad delictiva y la aplicación de las leyes, los políticos desconocen lo que realmente demandan los ciudadanos.
El camino que puede ser prometedor en este sentido es la inversión en programas efectivos de prevención temprana de la delincuencia, a través de la detección de grupos de riesgo en los propios centros educativos, la inversión en políticas efectivas que consigan una igualdad de oportunidades en todos los niveles y sobre todo, en el asesoramiento por expertos en prevención de la delincuencia, por ejemplo en criminólogos, carrera universitaria enfocada en este sentido, pero que no cuenta con ni una sola plaza en la administración pública para el diseño de estos programas.
También se ha demostrado en multitud de estudios que esta vía es más barata que el aumento de penas y la encarcelación. España es uno de los países con menor índice de delincuencia registrada (sobre todo violenta) y uno de los países con mayores tasas de encarcelamiento. ¿Se pueden imaginar cuánto cuesta el mantenimiento de cada preso?, ¿Y si somos capaces de evitar que multitud de delincuentes juveniles lleguen a prisión?, ¿Y si somos capaces de evitar que muchos de los presos reincidan?, este camino es factible y más barato que sobresaturar, aún más las prisiones españolas, tenemos los medios y los profesionales preparados para ello, lo que falta es la voluntad política de conocer lo que realmente sucede, de conocer por qué las personas delinquen y de conocer qué medidas son eficaces.
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