Desde un punto de vista tradicional, la cárcel es el local donde se encierra a los presos. Vista como un servicio público, también es un lugar que genera grandes gastos a la sociedad por culpa de los delitos de unos pocos. Según esta segunda acepción, la privación de libertad, la mayor pérdida imaginable en vida, solo es la consecuencia directa de haber quebrantado la ley. La indirecta consiste en exigir al recluso que contribuya a pagar la prisión. Y eso último es lo que se ha propuesto en Holanda, un proyecto que aún debe pasar por el Congreso y el Senado; en el Senado el Gobierno no tiene mayoría, pero todo apunta a que habrá un acuerdo en este asunto. Así que los presos allí tendrán que pagar con cárcel y por la cárcel.
En Holanda ya está hecha la suma: 16 euros diarios, durante un total de dos años —aunque la pena total de reclusión sea mayor— equivalen a 11.680 euros por interno. El mantenimiento de una celda en Holanda asciende hoy a 240 euros al día, y la nueva suma así obtenida, junto con el abono de costas judiciales y una reparación para las víctimas, supondrá un ahorro de 65 millones de euros anuales al erario público.
Los pagos incluyen a instituciones psiquiátricas y padres de menores
El Ministerio de Justicia ha incluido entre los pagadores a los encerrados en instituciones psiquiátricas dependientes del departamento de prisiones. También a los padres de menores y jóvenes, entre 12 y 23 años, internados en centros de reinserción. El correspondiente proyecto de ley ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura para su análisis, y ha creado dos bandos opuestos. A un lado, aparecen los partidarios de tratar al reo como un ciudadano más a efectos contables. Debe abonar, por tanto, una cuota similar a la exigida por el Estado para cualquier transacción. Del otro, se amontonan las críticas contra una medida que puede entorpecer la reinserción al imponer una abultada deuda.
Con 16,7 millones de habitantes, Holanda dispone de casi 13.000 celdas. En 2012 la población carcelaria ascendía a 38.000 personas (la cifra oficial más reciente), pero no todos están dentro a la vez. “Como el promedio de estancia es de cuatro meses, en un día cualquiera puede haber 10.000 condenados entre rejas”, señala Jochgmen van Opstal, encargado por Justicia de explicar el nuevo régimen. El recorte presupuestario que fuerza el pago de las celdas repercutirá a su vez en las prisiones, y en 2017 solo quedará una veintena de las 46 actuales. “La cárcel es un tipo de castigo que no puede variarse, pero tiene que ser humana. Sin lujos, y con servicios, ya sea televisión, biblioteca, comidas, deporte o trabajo. Sin embargo, cuando alguien acaba ahí, el resto asume los gastos. Lo lógico es que el delincuente abone una pequeña parte de la estancia, y 16 euros es bien poco”, sigue Van Opstal.
La deuda no se condona, puede devolverse a plazos y empieza a contar cuando el exrecluso dispone de un sueldo. “Recuerde que el proyecto de ley se deriva del pacto de Gobierno entre la actual coalición de liberales y socialdemócratas. Por eso esperamos que sea una realidad en 2015”, añade.
Pocos encuentran un empleo, volverán a delinquir, dicen los infractores
Las próximas elecciones legislativas están previstas para 2017, de modo que hay suficiente margen de maniobra en un Parlamento en principio proclive al nuevo modelo carcelario. Pero el proyecto de ley no cristalizará si asociaciones como la Federación de Infractores, que representa desde 1972 sus intereses, pueden evitarlo. Pieter Vleeming, su responsable, considera un abuso que un interno adquiera un compromiso de casi 12.000 euros sin haber cometido otro delito para ello. Teniendo en cuenta que en el año 2000 los reclusos holandeses perdieron el derecho a la seguridad social, y en 2008 se quedaron sin becas de estudio ni pensiones de jubilación, “es ilusorio pensar que el mecanismo de ayudas oficiales recupere el ritmo nada más salir a la calle”, dice.
En España solo pagan los presos más pobres
MANUEL ALTOZANO
En España, un preso con dinero, en buena situación económica, no paga nada. Pero el recluso que sea pobre y tenga derecho a una pensión no contributiva —casos de jubilación o graves discapacidades— concedida por carecer de ingresos, debe pagar unos seis euros al día por la comida que recibe entre rejas. Así lo ha estimado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en varias sentencias. Los magistrados consideran que la comida que reciben los internos es una prestación social y, como tal, incompatible con esas pensiones no contributivas. El problema es que las pensiones más altas oscilan entre los 364 y los 546 euros al mes, que los beneficiarios, en caso de estar entre rejas, reciben menguadas en unos 150 euros.
Ese fue el caso de Miguel Ángel Rodríguez, preso primero en Córdoba y luego en Sevilla y que cobra una pensión no contributiva por su invalidez superior al 65%. La Consejería de Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía le dejó su pensión de 301,55 euros en 147,71 por su manutención en esos centros penitenciarios. Rodríguez recurrió esa decisión del Gobierno andaluz a un juzgado de lo Social de Córdoba que le dio la razón. Pero luego la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la del Supremo y el Tribunal Constitucional se la quitaron. Ahora está pendiente de una resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Penalistas y expertos penitenciarios consultados por EL PAÍS consideran que contribuir al pago de la propia condena, sea en España o en Holanda, es ilegal e injusto. “Si la condena es una manifestación del poder coercitivo del Estado e impuesta por un juez que también es del Estado, es el Estado el que tiene que responder de la manutención del preso”, explica el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas Julián Ríos. “El preso paga sus cuentas con el Estado mediante el cumplimento de la pena”, añade el experto.
Ríos, además, piensa que la iniciativa holandesa de hacer pagar a los internos 16 euros por día sería inconstitucional en España. “La Constitución establece que la rehabilitación o la reeducación es uno de los fines de la condena y por tanto, un derecho del preso. Pero, además, los presos deben hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus delitos. Se considera que han asumido sus infracciones y el daño que han causado cuando empiezan a pagarlas”, prosigue Ríos, que recuerda que el abono de esas cantidades es necesario para obtener el tercer grado y la libertad provisional. “Hacer que el interno pague su estancia en prisión genera un doble perjudicado: el propio preso, que tiene que hacer frente a esa nueva deuda, y la víctima, que ve como se reducen las posibilidades de cobrar su indemnización”. En España, un condenado a penas de prisión, además de hacer frente a las indemnizaciones de sus víctimas, debe abonar las costas procesales y la multa o sanción económica que sus delitos puedan acarrear. Agrandar las deudas del preso supone también limitar sus posibilidades de reinserción e incrementar la inseguridad ciudadana. “En Estados Unidos, donde los delincuentes deben pagar multitud de gastos derivados de sus procesos, como las alcoholemias, las pruebas de ADN, o la manutención en las prisiones locales, los presos salen a la calle tras cumplir su condena con enormes deudas a las que no pueden hacer frente”, explica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés. “Al terminar su condena en esa situación tan penosa, muchos se ven obligados a seguir delinquiendo para sobrevivir”.
Frente al sistema estadounidense, Ripollés explica que en Europa existen otros, como el de los países escandinavos. En esos Estados, el pago de la manutención es, a diferencia de en EE UU, un mecanismo de reinserción del recluso. Si queda en régimen abierto por haber obtenido un trabajo, paga las noches que pasa en el centro penitenciario como una demostración de que puede hacer frente a sus gastos al igual que cualquier otro ciudadano. Pero esas cantidades no se cobran a los presos sin recursos.
“El Estado tiene la obligación de pagar la manutención y las medicinas del preso, no de cobrar. Encima no les estimula para que trabajen y recompongan su vida. Muy pocos encuentran un empleo con que pagar la renta de una casa cuando salen. Y sin domicilio fijo tampoco hay subsidios. Una cosa va ligada a la otra. Con la condena pierden a veces familia y amigos; su red de apoyo. Dada la escasez de viviendas sociales, con unas listas de espera de hasta 20 años, si encima les imponen otro pago, volverán a delinquir. Es un giro contrario a la reintegración pregonada desde las instituciones”, continúa Vleeming. Como alternativa, la Federación apuesta por las pulseras o tobilleras electrónicas para controlar los movimientos del condenado en el exterior. Si aplicaran este sistema con mayor frecuencia, apuntan, el preso podría trabajar y ahorrar dinero. “Una celda tradicional es más cara que el control electrónico. Pero si no hay otra forma de parar la norma, acudiremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entre recursos y apelaciones, creemos que este Gobierno no la aplicará durante la actual legislatura”, asegura.
A pesar de que Justicia afirma haberse mirado en el espejo de Alemania y Dinamarca para ajustar el proyecto de ley, sendas catedráticas de ambos países matizan la comparación. Así, Kristin Drenkhahn, especializada en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Berlín, recuerda que el reo que paga en su tierra “una parte de los gastos de la celda suele estar en régimen abierto y tiene un empleo, o bien dinero personal”. Aunque según el sistema federal germano cada uno de los 16 länder dispone de un régimen penal propio, “en 2012 había unos 50.000 sentenciados en todo el todo el país”, de 82 millones de habitantes. “Si trabajan en la cárcel, no pagan. El que acaba en el paro una vez libre, o bien está jubilado, tampoco. Lo esencial es que no contraigan nuevas deudas. De otro modo sería prolongar la pena ya impuesta, y eso interfiere en su rehabilitación”, dice.
Su colega danesa Anette Storgaard, de la Escuela de Negocios y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aarhus, presenta una situación similar. En Dinamarca, con 5,6 millones de habitantes y 13 cárceles, hay 4.000 reclusos, incluidos los que cumplen penas de prisión provisional. “No pagan ni acumulan deudas por estar encerrados. Además de lo que obtienen trabajando dentro, que es poco, el Estado les da una pequeña suma para vivir. Para quienes no conocen más que el circuito del crimen, es desalentador carecer siempre de algo propio por culpa de este tipo de deudas adicionales”, señala.
La cuenta que sí cargan ambos países al preso es la reparación económica destinada a las víctimas, las costas judiciales y la investigación policial. Este apartado, que en Holanda tendrá una tarifa fija y compone otro proyecto legislativo adicional, se aplica asimismo en Noruega, Italia, Austria, Portugal, Inglaterra, Gales, Suecia y Suiza, entre otros. Los holandeses tienen también aquí en cuenta la situación económica del liberado. “Si bien la obligación de pagar se mantiene, no debe interferir en la rehabilitación ni crear nuevos problemas sociales”, afirma el ministro de Justicia, el liberal Ivo Opstelten. En Dinamarca, si los hijos del preso fueron mantenidos por el Estado durante su internamiento, dicha factura es presentada con posterioridad.
“La medida de Justicia no supone rendirse en manos de Geert Wilders (el líder xenófobo y antimusulmán holandés). Forma parte del ideario liberal”, según la exministra holandesa de Interior, Rita Verdonk. Antigua directora general de prisiones, compara el pago de la celda “al exigido por pasaportes y carnés de conducir”. “Es hora de que la gente, en especial los padres de menores, entiendan que estar detenido cuesta mucho dinero”, declaró al rotativo De Volkskrant, nada más conocer el proyecto. “No tiene sentido. La mayoría de los presos están pelados y así no volverán a la buena senda”, ha replicado Exodus, otra organización de ayuda a los expresidiarios.
Además de las redes sociales, rebosantes de opiniones a favor y en contra de los pagos, todas las páginas web de los despachos holandeses de abogados han recogido los detalles del plan. En una asesoría jurídica, Jurofoon, cuyos más de 700 expertos “ofrecen consejo fiable a precios asequibles”, destacaba una entrada. Crítica con el Gobierno, termina así: “Mejor sería que las autoridades invirtieran más en un buen programa, obligatorio, de reinserción dentro de las prisiones. Y en un buen seguimiento, igualmente obligatorio, de lo que ocurre con los presos en el exterior. Porque ese es el gran error, abandonarles a su suerte”.
um conjunto de actividades dirigidas aos estudantes do ensino superior em Coimbra e à comunidade em geral.
